Este modelo, a diferencia del de capitalización individual, distribuye los recursos para cubrir las obligaciones presentes y, en caso de existir excedentes, los invierte a través del denominado Fondo de Reserva, que históricamente había sido una fuente de rentabilidad para el Instituto de Previsión Social (IPS).
El régimen es de beneficio definido porque cada trabajador conoce de antemano el monto aproximado que percibirá al jubilarse, siempre que cumpla los requisitos establecidos. Existen tres tipos de jubilaciones dentro del sistema.
La ordinaria, que requiere 60 años de edad y 25 años de aporte; la anticipada, que permite acceder al beneficio con 55 años y 30 años de aporte, otorgando el 80% del salario de referencia y la jubilación proporcional, que exige 65 años de edad y 15 años de aporte, con una prestación equivalente al 60%.
Todos estos parámetros se mantienen sin cambios recientes, salvo el periodo de referencia para el haber jubilatorio basado en los últimos 120 meses de contribución, que es implementado de manera gradual, estimándose su aplicación total en 10 años. Es de señalar que, desde el IPS, ya mencionaron que no plantean modificar la edad mínima, dado que la mayoría de los afiliados se jubila luego de los 60 años, de acuerdo con los estudios estadísticos realizados.
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Sin embargo, las proyecciones financieras del sistema del informe preliminar del Estudio de Cálculo Actuarial del IPS muestran una tendencia preocupante. Con una rentabilidad promedio del 2%, las reservas de la previsional se agotarían hacia 2047, es decir, en unos 22 años.
Impacto de la pandemia en los fondos del IPS
En 2021, se estimaba que el aporte obrero-patronal sería suficiente para cubrir las jubilaciones y pensiones hasta 2038, pero este equilibrio se adelantó durante la pandemia, impactando de manera importante a los ingresos. Aunque se recuperaron en 2021 y 2022, fue más lenta que el crecimiento de los gastos, debilitando la sostenibilidad de las finanzas previsionales.
Por el lado de los egresos, tres variables han explicado el adelantamiento del uso de las reservas e incluso el eventual escenario de agotamiento, de acuerdo con el estudio actuarial: el Beneficio Adicional Anual (BAA/aguinaldo), el impacto de la inflación y el incremento del haber mínimo jubilatorio.
El BAA, regulado por la Ley N.º 731/95, faculta al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) a otorgar, por mayoría absoluta, una prestación equivalente a una doceava parte de las remuneraciones devengadas durante el año calendario. Este beneficio extraordinario no cuenta con una fuente de financiamiento propia, por lo que su costo recae íntegramente sobre el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.
Actualmente, el pago se realiza con recursos del Fondo de Reserva, comprometiendo la sostenibilidad en el mediano y largo plazo, al implicar un desembolso equivalente a un mes adicional de jubilaciones y pensiones.
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Entre 2019 y 2025, el monto presupuestado para el BAA registró un crecimiento significativo. Pasó de G. 201.525 millones en 2019 a G. 492.962 millones en 2025, lo que representa un aumento acumulado superior al 140%. Solo entre 2024 y 2025, la variación fue de 32,2%, una de las más elevadas del periodo.
La segunda variable fue la inflación, que elevó los costos de las jubilaciones. Es de mencionar que las proyecciones del IPS 2021-2100 se habían realizado en torno a la meta del Banco Central (BCP), situada en 4% con una banda de ±2 puntos.
No obstante, la inflación fue de 6,8% en 2021 y 8,1% en 2022, muy por encima del rango esperado. Esto tuvo un impacto directo en los egresos del sistema: el incremento anual de gastos atribuible a la inflación pasó de unos US$ 9,8 millones en 2019 a US$ 35 millones en 2022, evidenciando un aumento geométrico de las obligaciones. Aunque posteriormente la inflación se estabilizó, los efectos acumulados sobre las jubilaciones persistieron.
Tercer factor que afecta los fondos del IPS
El tercer factor fue el aumento del haber mínimo jubilatorio, que representa el piso de ingresos para los beneficiarios del IPS. Hasta 2020, este equivalía al 33% del salario mínimo, pero durante la pandemia se elevaron progresivamente los valores: 50% en 2020, 75% en 2021 y posteriormente volvió al 33% en mayo de 2024, por decisión del Consejo del IPS.
El incremento transitorio implicó un costo para las finanzas: los egresos por este concepto pasaron de US$ 4 millones en 2019 a US$ 9,7 millones en 2020, y alcanzaron US$ 17 millones en 2021. Aunque la medida buscó mejorar la calidad de vida de los jubilados, contribuyó ciertamente al adelantamiento del punto de equilibrio financiero del sistema.
El Instituto de Previsión Social enfrenta un desafío estructural: sostener el sistema buscando no afectar derechos adquiridos, en un contexto de envejecimiento poblacional, aumento de esperanza de vida y escaso dinamismo del empleo formal.
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Para ello, resulta indispensable mejorar la gestión del fondo y avanzar en políticas que amplíen la formalización laboral, de modo que se garantice la estabilidad previsional en el mediano plazo.
Así como avanzar con urgencia en una reforma normativa que establezca una fuente de financiamiento permanente para el Beneficio Adicional Anual y limite el uso del Fondo de Reserva en gastos no contributivos.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.