Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la administración de Eddie Jara, inició la semana pasada el proceso de rescisión del contrato con la firma Estructura Ingeniería SA (EISA), representado por Alberto Palumbo, responsable del montaje y puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar en la planta alcoholera de Mauricio José Troche (Guairá). El contrato había sido adjudicado en diciembre del 2021, durante la gestión de Denis Lichi (ANR-actual gobernador de Cordillera), por G. 195.299 millones (unos US$ 28,3 millones al cambio actual).
Pero la empresa nunca pudo terminar en plazo la planta, pese a que cobró un anticipo de G. 41.815 millones, por lo que tras un advenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en julio del 2023, se subcontrató a la empresa Ocho A para la culminación de los trabajos.
Sin embargo, cuando asumió Jara suspendió las obras en septiembre del 2023 y desde entonces inició una serie de verificaciones y auditorías externas que no se dieron a conocer a la opinión pública. A raíz de esas revisiones, Petropar comunicó a la firma la apertura del proceso de rescisión, en medio de una crisis con los cañicultores, a los que prometió un nuevo tren de molienda que culminará en un año, pero sin aclarar si realizarán una nueva contratación o utilizará los equipos que EISA trajo de Brasil y que están a la espera de su montaje.
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Procedimiento descabellado
El ingeniero Óscar Vera, gerente general de EISA, calificó el procedimiento como “totalmente descabellado” y sostuvo que no existe sustento legal para la rescisión, ya que el contrato se encontraba formalmente suspendido desde el 1 de septiembre de 2023.
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“Ellos abrieron un proceso de rescisión supuestamente sobre multas que se deben aplicar al contrato, siendo que el contrato estaba suspendido. ¿Cómo voy a tener multa si mis plazos están suspendidos?”, cuestionó Vera.
El representante de la empresa aseguró que todas las observaciones hechas por Petropar ya habían sido tratadas en su momento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y que EISA mantiene la disposición de subsanarlas una vez que se reactivara el contrato, pero que ahora, se encontraron con la sorpresa de la rescisión.
“Nosotros hoy estamos con el contrato suspendido. Una vez que se reactive, EISA tiene la obligación de poder subsanar las observaciones y avanzar hasta terminar la obra. Esa siempre fue la premisa”, enfatizó.
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Advertencia de demanda
Vera confirmó que el miércoles de la semana pasada Petropar notificó la apertura del proceso de rescisión y que la empresa ya presentó su descargo. “Todavía no se consumó la rescisión, pero si se concreta, EISA apelará ante el Tribunal de Cuentas, porque tenemos todos los respaldos documentales que nos dan la razón”, expresó.
El ingeniero sostuvo que el 97% de los argumentos de la estatal para rescindir el contrato se basan en supuestos incumplimientos de plazos, algo que —según él— no puede configurarse mientras el contrato esté suspendido. “La suspensión corrió desde el 1 de setiembre del 2023, y no existe una nota que haya levantado esa suspensión. Esto no tiene ni pie ni cabeza”, apuntó.
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EISA incluso alega perjuicio financiero
El gerente general explicó que el proyecto presenta un avance del 85%, pero que desde hace más de dos años la empresa no puede certificar ni cobrar los trabajos realizados. “Estamos pagando en intereses bancarios. No estamos pudiendo avanzar ni cobrar, porque Petropar no certifica. Cobramos solo el anticipo de G. 42.000 millones, y tenemos ejecutado alrededor de G. 184.000 millones financiados con préstamos”, detalló.
Asimismo, rechazó las versiones que atribuyen la propiedad de los equipos a la firma subcontratista Ocho A. “EISA es el dueño del contrato y de todos los equipos. Ocho A fue un subcontratista nominado, alguien que entró a ayudar. Los despachos y facturas están todos a nombre de Estructura Ingeniería SA”, aclaró.
Cuestionamientos a las consultorías
El representante de EISA también criticó las auditorías externas contratadas por Petropar tras la suspensión, asegurando que incluso una de las empresas carecía de experiencia. “Contrataron a una firma del rubro de medicamentos, para verificar una planta de trapiche. Esto estaba preparado para usarse como elemento en contra nuestra”, afirmó.
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Finalmente, Vera insistió en que el conflicto podría haberse evitado con diálogo y voluntad política: “Nunca nos llamaron ni nos consultaron absolutamente nada. Esto se maneja como una herramienta de presión. Pero si se consuma la rescisión, acudiremos a la Justicia, porque la ley nos respalda”, sentenció.
Desde la adjudicación del contrato, ABC Color ya había cuestionado la decisión de Petropar de “invertir” en la planta y de otorgar la obra a Estructura Ingeniería SA, pese a que presentó una oferta 12% por encima del precio de referencia y con experiencia limitada en el montaje de alcoholera. Pero las advertencias se desoyeron y la planta se convirtió en “otro elefante blanco” en la historia de Troche, que subvenciona la producción de alcohol más caro.
Este diario intentó contactar ayer con el director comercial Adalberto Acuña, vocero designado por Petropar, para explicar sobre la situación contractual de la alcoholera de Troche y el proceso de rescisión, pero al cierre de esta edición no tuvimos respuestas.
