La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, integrada por 26 senadores y 27 diputados, cerró ayer el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026.
Al culminar la última sesión llevada a cabo en la víspera, el presidente de la referida comisión, senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, informó que el dictamen contempla un aumento de G. 170.000 millones (US$ 22 millones al cambio presupuestado).
Ovelar señaló que el incremento aprobado sobre el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo es manejable y se encuentra dentro del tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB contemplado para el próximo año.
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Anunció que los aumentos fueron destinados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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También fueron beneficiadas la Universidad Nacional de Asunción (UNA), las universidades nacionales del interior del país (nueve en total), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Ministerio Público para la suba salarial de forenses.
No a aumentos en el Poder Judicial
Respecto al pedido realizado por la Corte Suprema de Justicia, que incluye el aumento salarial para los funcionarios, consideró razonable, pero que atenderlo implicaría “desvestir un santo para vestir a otro”.
Argumentó su posición indicando que al no tener muchos ingresos el dilema está en priorizar al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), a la Policía Nacional o al Poder Judicial, por lo que se decidió por salud, educación y otros.
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El presidente de la comisión bicameral, sin embargo, no mencionó como se financiará el aumento de los gastos, porque si tenemos en cuenta que inicialmente se recortó gastos por G. 80.000 millones (US$ 10,1 millones al cambio presupuestado), quedaría una diferencia de G. 90.000 millones (US$ 11,4 millones) sin financiamiento seguro.
Una parte importante de estos aumentos fueron aprobados precisamente a propuesta del senador Ovelar, que solo en la penúltima sesión incluyó G. 35.000 millones para el programa “Letrina Cero” y para el Hospital Distrital de Caaguazú.
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Los aumentos, de acuerdo con los datos manejados en las últimas sesiones realizadas por la bicameral, están previstos para “nivelación salarial”, crecimiento vegetativo que implicaría crear cargos, gastos corrientes e inversiones.
El dictamen de la comisión bicameral sobre el proyecto de PGN 2026 que presentó el Poder Ejecutivo el pasado 25 de agosto pasó a la consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, instancias en las que decidirán finalmente, a más tardar el 20 de diciembre, sobre el proyecto de presupuesto que remitirán al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Con las modificaciones introducidas, el proyecto de PGN para el próximo año aumenta a G. 149,3 billones (US$ 18.950 millones al cambio presupuestado).
Presupuesto presentado por el Ejecutivo
El proyecto de presupuesto 2026 que presentó el Ejecutivo al Congreso asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), aumenta 12% con respecto al presupuesto inicial aprobado para el ejercicio 2025.
De ese total, a la la administración central se le asigna G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones) y a las entidades descentralizadas, G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones).
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El plan lo elaboraron sobre la base de un déficit fiscal de 1,5% del PIB (US$ 746,8 millones), como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Según el Ejecutivo, se estima recaudar en impuestos G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones), 8% más de la esperada este año, manteniéndose la presión tributaria en 11,5% de PIB.
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Además, el Tesoro estará autorizado a emitir bonos hasta por un monto de US$ 1.303 millones, de este total US$ 661,6 millones a través de la ley de presupuesto y US$ 641,5 millones mediante la ley de administración de pasivos.
El proyecto tiene asignado 345.646 cargos de funcionarios permanentes, que implica 11.105 más que el actual presupuesto 2025, que incluye funcionarios administrativos, policías, militares, docentes, personal de salud pública, autoridades electas, entre otros.