No obstante, el informe advertía sobre desafíos estructurales. La alta proporción de deuda en moneda extranjera sigue exponiendo al país a la volatilidad del tipo de cambio, mientras que la inversión pública aún requiere mejoras en eficiencia y focalización. Aun así, el FMI destacaba las reformas en curso en materia de gestión de deuda y transparencia fiscal (Paraguay: Fifth Review Under the Policy Coordination Instrument”).
En efecto, el organismo internacional considera a Paraguay un emisor confiable dentro de América Latina, con fundamentos sólidos que respaldan su reputación como buen pagador, aunque no exento de riesgos externos.
Sin embargo, a nivel interno, el Estado enfrenta una serie de reclamos de proveedores por falta de pago de capital e intereses que rondaría los US$ 1.000 millones (1,9% del PIB) e incluso superaría los US$ 1.300 millones (2,8% del PIB) si se consideran los compromisos del Instituto de Previsión Social (IPS).
De la deuda exclusivamente de la Administración Central, alrededor de US$ 600.000.000 son con las farmacéuticas (sin intereses que podrían representar incluso el 20% del pasivo) y no los US$ 350.000.000 que aseguraron desde el Ministerio de Economía y Finanzas, además del paquete de compromisos con otro importante sector, las constructoras, por unos US$ 320.000.000 (certificados de obras ejecutadas e intereses pendientes), de acuerdo con datos gremiales.
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Es de recordar que el actual Gobierno está sujeto al acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de convergencia fiscal del 1,5% del PIB para el 2026 y cuyas etapas de cumplimiento le permitiría seguir accediendo a recursos para el financiamiento del presupuesto público. El plan había sufrido una prórroga en 2023 cuando el Gobierno actual sostuvo que el déficit reconocido por la entonces saliente Administración no contemplaba deudas con los mismos sectores que en la actualidad reclaman el pago.
Por ello, de un déficit inicial de 2,3% previsto para ese año, finalmente se ubicó en 4,1% por debajo del 5% que había estimado meses antes del 15 de agosto el equipo de transición. Para 2024, cerró en 2,6% y para el presente ejercicio el compromiso es de un déficit del 1,9% con perspectivas de alcanzar el límite que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2026, tal como se mencionaba.
Los ajustes siguen atados a importantes restricciones en el gasto público. Datos del Banco Central del Paraguay (BCP) dan cuenta de que al segundo trimestre de 2025 el Consumo de Gobierno registró una caída de 5,9%, explicado por el componente de adquisición de bienes y servicios cuando en el primer trimestre se había registrado un aumento del 1,1% y en periodos de 2024. Además, en el sector construcción se observó una importante desaceleración que pasó de 12,9% a 4,5% entre el primero y segundo trimestre de este año.
Por todo lo anterior, la importante deuda del Estado con las farmacéuticas y constructoras representa una presión que incluso supera el déficit estipulado para el 2025, independientemente a si haya sido computado como gasto devengado en las cuentas públicas.
El incumplimiento con los mencionados sectores impacta financiera y laboralmente de manera directa e indirecta, más aún cuando se parte de la premisa de que el Estado debería caracterizarse por su calidad de deudor no solamente a nivel internacional sino también localmente.
Y ahora solo resta empezar a ver cómo resolver el problema.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones