Según el estudio tarifario de la ANDE, el reajuste proyectado por el Gobierno de Santiago Peña tiene como propósito redistribuir el peso de la tarifa eléctrica, concentrando los incrementos en los sectores de mayor consumo y actividad económica, mientras se reducen o mantienen estables los costos para los usuarios residenciales de bajo consumo.
De acuerdo con el análisis incluido en la propuesta, la ANDE prevé que los hogares con consumos menores a 700 kWh al mes, que constituyen alrededor del 73,5% de los clientes, de generar 180,4 millones de dólares anuales pasen a 149,6 millones, lo que implica una disminución de 32,2% en su facturación.
Por el contrario, los residenciales con consumos superiores a 700 kWh aportarían 279,2 millones, un 73,1% más que los 209,5 millones actuales.
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El segmento industrial, tanto de baja como de media tensión, registraría una facturación de 120,9 millones de dólares, frente a los 115,1 millones actuales, con una variación del 6%. En el ámbito comercial, la recaudación aumentaría de 116,5 a 134 millones, que equivale a un incremento del 18,3%. Los usuarios generales, clasificados como “otros” dentro del esquema de baja y media tensión, pasarían de 41,6 a 62,4 millones de dólares, con un crecimiento del 21,8%.
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Por su parte, la tarifa gubernamental experimentaría un alza promedio del 20%, que elevaría la facturación de 19,3 a 23,1 millones de dólares al año. Sin embargo, la ANDE aclara que este aumento no necesariamente se traducirá en mayores ingresos efectivos debido a la baja cobrabilidad de los organismos y entidades del Estado, que actualmente representan un volumen estimado de 37 millones de dólares anuales.
Los usuarios conectados a redes de alta y muy alta tensión, principalmente grandes industrias y empresas con elevado consumo energético, también tendrían ajustes al alza. En conjunto, su facturación pasaría de 36,8 a 41,4 millones de dólares.
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Ingreso adicional y cobrabilidad
En total, la propuesta contempla un ingreso adicional bruto de 95,3 millones de dólares por año, que se reduciría a 87,7 millones al descontar la morosidad, y a 80,3 millones netos considerando una tasa de cobrabilidad del 92%.
La ANDE aún no da a conocer oficialmente las cifras del anunciado aumento tarifario, pero su presidente, Ing. Félix Sosa, sostiene que el nuevo esquema que están estudiando permitirá recuperar la estructura financiera del servicio y compensar los efectos de la inflación acumulada desde 2017, calculada en un 34,7%.