Es de mencionar que la Ley Nro. 1535 de Administración Financiera del Estado especifica que la Fuente 10 proviene de los ingresos ordinarios recaudados por el Estado y están destinados a cubrir gastos operativos esenciales, tales como servicios personales, salarios del sector público, gastos operativos de ministerios e instituciones gubernamentales, pago de impuestos y otras obligaciones estatales, así como jornales y remuneraciones extraordinarias; mientras que la Fuente 20, del endeudamiento público tanto interno como externo, y se destinan principalmente a inversiones físicas, proyectos de infraestructura como carreteras, hospitales y escuelas, así como a programas de inversión pública en sectores estratégicos.
Finalmente, la Fuente 30 corresponde a los generados por las propias instituciones públicas, como los peajes, aranceles y donaciones que recibe el Gobierno. También incluyen los fondos pertenecientes a los organismos de la Administración Central y las Entidades Descentralizadas.
De 2015 a 2024 los aportes o subsidios destinados al transporte público y otros sectores alcanzaron G. 1,333 billones, equivalentes a US$ 208,8 millones considerando el tipo de cambio promedio del periodo. Entre enero y septiembre de 2025, el gasto en este rubro llegó a G. 261.535 millones, con lo cual el monto acumulado desde 2015 asciende a G. 1,595 billones, unos US$ 250 millones, cifras que como se mencionaba en la edición anterior, evidencian la magnitud de los recursos públicos que el Estado ha destinado en la última década para sostener el funcionamiento del sistema de transporte colectivo.
Entre 2015 y 2020, los aportes al transporte público provinieron exclusivamente de los Recursos del Tesoro, con una trayectoria ascendente que refleja la importancia del apoyo estatal directo al sector. En 2015, las transferencias alcanzaron G. 20.707 millones y en 2020 ya sumaban G. 66.079 millones.
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A partir de 2021 se produce un cambio estructural relevante: el financiamiento pasa a depender de los Recursos del Crédito Público, marcando una nueva etapa en la política de subsidios. Ese año, los aportes bajo esta fuente totalizaron G. 116.180 millones, superando ampliamente los montos históricos financiados con fondos del Tesoro. Este patrón se intensifica en los años siguientes, con G. 263.948 millones en 2022, G. 372.150 millones en 2023 y G. 367.823 millones en 2024, cifras que muestran una estabilidad relativa, pero en niveles sustancialmente superiores a los del periodo anterior.
El desglose de estos recursos evidencia además la participación de diferentes mecanismos de financiamiento. En 2021 y 2022, los fondos provinieron de bonos soberanos, los cuales fueron la fuente exclusiva durante esos años. En 2023 y 2024, el financiamiento se diversifica con la incorporación de bonos colocados a nivel interno, y créditos multilaterales del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 2023, los bonos aportaron G. 276.802 millones y la CAF G. 95.348 millones, mientras que en 2024 los desembolsos obtenidos de los títulos sumaron G. 203.275 millones y los del BID G. 164.547 millones.
Para el 2025 y de acuerdo con el presupuesto aprobado para el ejercicio, se contemplan recursos para el subsidio de G. 302.760 millones con Fuente 20, de los cuales el 86,4% ya fueron canalizados al mes de septiembre.
Como se ha expuesto, el cambio muestra una estrategia de apalancamiento externo para sostener el sistema de subsidios, que implica tanto mayores compromisos financieros como una dependencia creciente de créditos internacionales, por ende, una mayor carga de deuda en el mediano plazo que debe ser revisada con urgencia, al considerar que el servicio prestado a la población tampoco se ha traducido en una mejora sustancial.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.