De acuerdo con estimaciones recientes, los subsidios mundiales a los combustibles fósiles -considerando ambos tipos- alcanzan el 5,9% del PIB global. En el caso de América Latina y el Caribe, la cifra es incluso superior, representando cerca del 6,2% del PIB regional. Este monto incluye tanto el gasto público directo como la omisión de costos sociales y ambientales que, en última instancia, terminan afectando la sostenibilidad fiscal y climática de los países.
El BID señala que los subsidios explícitos implican un costo fiscal elevado para los gobiernos, pues representan la diferencia entre el costo real de producir el bien y el precio que los consumidores pagan por él, multiplicado por el volumen de consumo. En 2022, el subsidio explícito promedio a los combustibles fósiles en un país típico de la región llegó al 1,8% del PIB. En ese mismo año, 22 de los 26 países prestatarios del BID mantenían subsidios al consumo de combustibles o electricidad.
La magnitud de estos subsidios varía ampliamente. Venezuela registró el valor más alto, con un gasto estimado de 13,8% del PIB, seguida de Bolivia (4,8%), Ecuador (4%) y Argentina (2,5%). En contraste, países como Paraguay, Brasil y Perú destinaron alrededor del 0,5% del PIB o menos.
Los productos derivados del petróleo concentran la mayor parte de los subsidios, representando el 52% del total regional, seguidos por la electricidad (28%) y el gas natural (19%). Solamente Brasil mantiene un nivel marginal de subsidio al carbón. En la mayoría de los casos, las transferencias se orientan directamente a los consumidores y no a los productores, lo que busca aliviar los costos de energía doméstica, pero genera distorsiones en el mercado y presiones sobre las finanzas públicas.
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Los tipos de subsidio también difieren según los países. Surinam, por ejemplo, subsidia el diésel y la electricidad; Bolivia aplica subsidios al diésel, gasolina, queroseno, gas licuado de petróleo (GLP) y electricidad residencial; y Ecuador extiende sus subsidios al gas natural utilizado por las industrias y la generación eléctrica, además de la gasolina y el diésel. Esta diversidad muestra cómo los gobiernos latinoamericanos han utilizado el gasto energético como herramienta social o de estabilización de precios, aunque con consecuencias fiscales significativas.
El BID advierte que el efecto de estos subsidios es doblemente negativo: deterioran las cuentas públicas y agravan el cambio climático al fomentar el consumo de energías altamente contaminantes. Por eso, el segundo pilar de una política fiscal climáticamente responsable debería ser la adopción de mecanismos que mitiguen el problema, como las tasas efectivas sobre el carbono (ECR).
Las ECR miden el costo total que las políticas imponen a las emisiones de dióxido de carbono, generalmente expresado en dólares por tonelada métrica emitida. En América Latina, el 98% de las tasas efectivas sobre el carbono proviene de impuestos especiales sobre los combustibles, de acuerdo con un estudio de Ahumada et al. (2023). Estos gravámenes son más elevados en el transporte terrestre -promedian US$ 71 por tonelada de CO2 equivalente- debido al alto consumo de gasolina y diésel, mientras que en sectores como la agricultura el promedio es de US$ 28 por tonelada.
Sin embargo, más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la región aún no pagan ningún tipo de tasa efectiva sobre el carbono, lo que demuestra la brecha en materia de políticas ambientales. Cuando se ajustan las tasas por los subsidios existentes, la carga efectiva se reduce todavía más: los subsidios a la gasolina y la electricidad disminuyen las ECR en promedio en US$ 10 por tonelada en América Latina, frente a solo US$ 2 por tonelada en los países de la OCDE. En algunos casos, las tasas efectivas incluso se vuelven negativas, como ocurre en Argentina, Bolivia y Ecuador, donde los subsidios superan los impuestos aplicados, incentivando indirectamente las emisiones.
Los datos de la OCDE confirman esta tendencia: en 12 países latinoamericanos, el 60% de las emisiones de carbono tiene tasas nulas o negativas una vez considerados los subsidios.
Solo cinco países -Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay- aplican un impuesto explícito al carbono, con tasas promedio cercanas a US$ 5 por tonelada de CO2, que abarcan apenas el 26% de sus emisiones totales. El resto depende de los impuestos a los combustibles, una alternativa que genera ingresos fiscales pero que no incentiva una reducción sostenida del consumo energético, ya que se basa en una fuente de recaudación cuya demanda tenderá a disminuir a largo plazo.
El BID subraya que esta coexistencia entre impuestos al carbono y subsidios a la energía refleja un problema estructural: la incoherencia de las señales fiscales. Mientras los gobiernos gravan el uso de combustibles fósiles, por un lado, los subsidian por otro, anulando los efectos esperados sobre las emisiones. En consecuencia, el impacto neto puede ser mínimo o incluso negativo, lo que se traduce en un aumento de las emisiones y en una pérdida de eficiencia del gasto público.
El mapa regional elaborado por el BID (2022) permite visualizar las diferencias entre países. En Paraguay los subsidios energéticos son del 0,5% de su PIB, frente a los valores extremos de países como Venezuela (13,8%), Bolivia (4,8%), Ecuador (4%) o Argentina (2,5%).
No obstante, el escenario también plantea desafíos. En sectores rurales o de bajos ingresos persiste una brecha de acceso energético, lo que sugiere la necesidad de políticas focalizadas que mejoren la equidad sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
El panorama regional descrito por el BID revela que el cambio climático no solo se ve afectado por los ingresos fiscales, sino por la composición del gasto público. La inversión y el gasto corriente tienen huellas de carbono distintas, y los gobiernos rara vez disponen de información precisa sobre el impacto climático de sus presupuestos. Solo Chile y Perú incorporan actualmente el precio social del carbono en la evaluación de proyectos de inversión pública.
En este contexto, avanzar hacia una política fiscal alineada con los objetivos climáticos requiere no solo eliminar subsidios ineficientes, sino también integrar la variable ambiental en la planificación presupuestaria.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.