El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, fue enfático al destacar la gestión directa de Peña en la reactivación de las obras de Aña Cuá, paralizadas desde enero de 2024. “Esta reactivación no cayó del cielo. Es fruto directo del trabajo del presidente Santiago Peña, que viajó hasta Italia para hablar personalmente con el CEO del grupo Webuild... Y ahí, con diálogo, respeto y decisión, logró destrabar un problema que llevaba meses paralizando este sueño compartido”, dijo durante su discurso en el acto oficial de reinicio de los trabajos.
Cabe recordar que la obra está a cargo del Consorcio Aña Cuá WRT (Webuild–Rovella–Tecnodil), anteriormente denominada Consorcio ART, por Astaldi, de Italia; Rovella Carranza, de Argentina, y Tecnoedil SA, de Paraguay.
Este reconocimiento del vicepresidente subraya la gravedad de la crisis contractual. El hecho de que el máximo líder del Ejecutivo paraguayo haya tenido que actuar como intermediario o negociador ante una empresa privada internacional (Webuild, la corporación que absorbió a la firma líder original, quebrada) evidencia las fallas y las trabas burocráticas o financieras que el aparato técnico de la EBY no pudo resolver por sí solo.
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Para los críticos, este tipo de intervención, aunque efectiva, podría sentar un precedente sobre la necesidad de involucrar al más alto nivel político en problemas que deberían resolverse en la esfera administrativa o legal. Alliana, no obstante, defendió los viajes: “Mientras algunos critican el viaje del presidente, nosotros vemos los resultados”.
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Las cifras de la obra
El director paraguayo de la EBY, Luis Benítez, aportó cifras concretas que dimensionan la magnitud y complejidad financiera del proyecto, dominado por constantes reajustes y adendas. Benítez confirmó que la inversión total estimada para la conclusión de Aña Cuá se sitúa en los US$ 600 millones, un monto que cubre tanto la obra civil como la electromecánica, de los cuales ya se invirtieron aproximadamente US$ 200 millones, quedando US$ 400 millones para completar.
Dijo que el costo total, US$ 600 millones, se acerca al precio referencial estimativo original del 2018, que era de US$ 650 millones.
El director explicó que, a pesar de los reajustes, la cifra actual de US$ 600 millones se mantiene por debajo de aquel precio referencial.
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En este punto, cabe recordar que el 26 de noviembre de 2019, los entonces directores de la EBY (Nicanor Duarte Frutos y Martín Goerling) firmaron los contratos para el inicio de las obras civiles en Buenos Aires. Según la licitación pública internacional Nº 670, para las obras civiles, se destacó en aquella oportunidad que se obtuvo una reducción de 46,3% de un valor referencial fijado durante el gobierno de Horacio Cartes, y la administración de Ángel Recalde, que era de US$ 360 millones, y se llegó a un costo de US$ 193,2 millones.
Benítez recordó este jueves que “la obra civil se había adjudicado en 190 millones de dólares, después tuvieron como cinco adendas. Y, bueno, ahora tiene un reajuste, que hemos trabajado con el consorcio, creo que es cerca de los 50 millones de dólares que está ajustado hoy a la fecha”, revelando los incrementos contractuales que afectó al proyecto. Con lo ya pagado y lo previsto para pagar, Benítez estimó un costo final total cercano a los US$ 620 millones.
La falta de garantías
La parálisis de la obra se centró en la ausencia de garantías por parte del consorcio Aña Cuá WRT. Luis Benítez explicó que la traba fundamental fue la exigencia de la EBY de las garantías necesarias que cubrieran cualquier eventualidad. “Esas garantías no llegaban, bueno, hoy llegaron y está totalmente cubierta”, indicó. Sin esa cobertura, la entidad no podía seguir desembolsando fondos dado que es indispensable para recuperar el dinero de la binacional en caso de incumplimiento.