A través del Decreto N.° 4942, del lunes último se autoriza al MEF la modificación en la estimación de los ingresos de la administración central (Tesorería General y MOPC), la transferencia de créditos, el cambio de fuente de financiamiento, organismo financiador y la modificación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero presupuestario.
La modificación presupuestaria es por un monto de G. 35.000 millones (US$ 4,9 millones al cambio vigente), que serán utilizados este mes para pagar subsidio al transporte público de pasajeros.
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El subsidio a transportistas inicialmente estaba financiado con bonos soberanos, pero con el cambio realizado lo cubrirán con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el anexo que acompaña el decreto.
La modificación incluye el cambio de fuente de financiamiento y organismo financiador por el monto de G. 7.049 millones, el cambio de organismo financiador por el monto de G. 27.867 millones y la modificación de los gastos por áreas geográficas o departamentales.
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Los créditos presupuestarios que utilizan para cubrir el subsidio a los empresarios del transporte de pasajeros estaban programados originalmente para ejecutarlos en obras de infraestructura, activos intangibles, consultorías, becas, gratificaciones por servicios especiales, entre otros.
El gobierno de Santiago Peña adeuda a los transportistas unos US$ 11 millones, de acuerdo a lo que había declarado el presidente del Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruíz Díaz.
Déficit “mentiroso”
Según los datos manejados, sumando al subsidio del transporte la deuda con las empresas constructoras, por la ejecución de obras, así como a las farmacéuticas, por provisión de medicamentos, el Gobierno de Santiago Peña debe más de US$ 1.000 millones.
Esta deuda, sin embargo, será pagada parcialmente en lo que resta de este año y diferir la mayor parte para 2026, una maniobra para evitar que afecte el nivel de déficit fiscal comprometido para el cierre del ejercicio de1,9% del PIB.
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En 2023, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había criticado duramente la “herencia” dejada por el Gobierno de Mario Abdo Benítez, una deuda US$ 600 millones con las constructoras y farmacéuticas.
Dijo que esta deuda no estaba contabilizada en el déficit de 2,3% del PIB previsto en aquel entonces por el Ministerio de Hacienda, por lo que calificó de “déficit mentiroso” y al procedimiento de diferir esas deudas como “esconder la basura bajo la alfombra”. Sin embargo, esta misma maniobra está realizandoel MEF para cumplir con la meta fiscal, pero con el agravante de que la deuda impaga es casi el doble.