Itaipú Causa Nacional, Itaipú es también soberanía y el Partido Paraguay Pyahurã son las organizaciones denunciantes, las que inclusive le ponen números al vaciamiento que denunciarán ante la Contraloría General de la República: “US$ 582 millones”.
El “tarifazo”, según se desprende de la denuncia, es una consecuencia “del vaciamiento”, salida que no siempre o casi nunca soluciona las dificultades de la institución afectada, según aportaron otros técnicos estudiosos de la materia.
Las organizaciones suman al “vaciamiento” las posibles secuelas de la promulgación de los decretos 5306 y 5307 de enero último.
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“Con los nuevos decretos, “el saqueo proyectado para los próximos 15 años es de US$ 80.000 millones. Eso es 1,5 veces el producto interno bruto (PIB) de todo el país”, agregan.
Tarifas bajas y extendido plazo de estabilidad
Los decretos de referencia datan del 16 de enero de este año y, el primero de ellos (5.306) crea las condiciones para que un grupo de industrias, a las que denomina “convergentes”, se abastezcan con energía eléctrica en alta tensión.
En el listado de “condiciones” que ofrece el decreto aparece un tarifario, que organizaciones como las mencionadas y varios técnicos, como el Ing. Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE, alertan serán subsidiadas.
Advertían igualmente que el tarifario para las “industrias convergentes tendrá vigencia, durante 15 años, plazo igualmente criticado por técnicos independientes de la ANDE y del Ejecutivo.
El segundo decreto, de la misma fecha, según indican sus redactores “busca el desarrollo de iniciativas denominadas como ‘energía a X’ o “power to x”, relacionados con la producción de materias primas generadas con energía.
Tarifas estables para “power to X”
También en este caso el Ejecutivo incluyó un tarifario y las “power to x” igualmente usufructuarán el período de tres lustros de estabilidad tarifaria.
Ambos decretos debían entrar en vigencia “30 días calendarios” después de su promulgación, pero la fuerte reacción en contra de los gremios de técnicos, funcionarios y trabajadores de la ANDE obligó el Ejecutivo a declarar un “cuarto intermedio”, lapso en el cual entraría en acción una “mesa técnica” con la intención de limar asperezas.
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Por ahora es poco lo que se sabe sobre los resultados de la “mesa técnica”. Solo que el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) se había retirado del espacio y advertía que retornarán a las calles con sus movilizaciones.
Un segundo hecho, en este contexto, que no debería caracterizarse como rutinario fue el encargo que le hizo el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, al Ing. Aníbal Simón Sánchez Martínez, de la UIA (Unión de Ingenieros de la ANDE), para que atienda en forma interina de la jefatura del Departamento de Operación de Redes de Distribución, dependiente de la Dirección de Distribución.
¿Era el momento y la oportunidad?
¿Era el momento y la oportunidad para ese encargue? preguntaron en las fuentes que consultamos. La UIA es una de las primeras organizaciones de la empresa estatal en advertir sobre los posibles alcances del par de decretos mencionados.
El 29 de enero de este año, cuatro gremios de la ANDE (SIPRA, Sitrande, UIA y Aproande) presentaban a la CGR una denuncia formal y una solicitud de intervención ante la promulgación de los decretos en cuestión, “relativos a las tarifas eléctricas”.
El pedido resaltaba cuatro ejes: Riesgo de perjuicio patrimonial. Vulneración del marco legal y de la autonomía técnica y financiera de la ANDE. Riesgo de subsidios implícitos y afectación de la sostenibilidad del sistema. Compromiso de la seguridad energética y del equilibrio económico a largo plazo.
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Hasta la fecha se desconoce la respuesta el contralor general, Camilo Benítez, y menos aún la reacción de los cuatro gremios ante ese silencio.
Investigación, derogación y cárcel
Las tres organizaciones, sociales y políticas, piden también en la nota a la CGR: investigación, derogación de los decretos y cárcel para los responsables.