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En esta licitación la adjudicación fue para el consorcio CDD- Ramón C. Álvarez SA, y sobre esta última hay evidencia de que falseó datos para competir en el llamado, declarando tener experiencia específica que no tenía y comprometiendo para eso a la Corporación Vial del Uruguay (CVU).
Lo más grave del asunto es que el propio Ministerio de Obras Públicas está ocultando la evidencia, que consiste en un informe oficial del Uruguay que llegó vía Cancillería y que hasta el momento se ha negado a divulgar.
En tal sentido, fuentes extraoficiales señalan que la supuesta investigación iniciada por la DNCP sería en realidad un “blanqueo”, pues el director de Contrataciones Públicas, Santiago Jure, pertenecía al equipo de Jiménez Gaona en el MOPC antes de ir a la DNCP.
Antecedentes
En su declaración jurada, Ramón C. Álvarez SA no solo aseguró que había construido nueve peajes para la Corporación Vial del Uruguay, cuando que apenas construyó seis, sino también que tenía los cuatro años de experiencia mínima que le exigía el pliego.
Ramón C. Álvarez SA tiene solo tres años y cinco meses de experiencia y no alcanza el mínimo, según revela una resolución del Tribunal de Cuentas del Uruguay, que intervino en un juicio entre la Corporación Vial del Uruguay y el Ministerio de Transporte de ese país.