“Blanqueo” fiscal en el caso de “superviaducto”

El fiscal Nelson Ruiz pidió la desestimación del caso “superviaducto” de Madame Lynch. Con esto, el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, denunciado, puede lograr su “blanqueo” a poco de dejar dicho cargo.

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El agente de Delitos Económicos y Anticorrupción Nelson Ruiz tuvo poco más de dos meses la investigación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en el caso del “superviaducto”, que involucra al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona y varios de sus colaboradores que conformaban el comité evaluador de la licitación.

El fiscal pidió sigilosamente hace unas semanas que se archive la denuncia hecha por el diseñador de la obra, el Ing. Hermann Pankow, quien dice que se cambió su proyecto original para abaratar costos.

Ruiz no quiso dar a conocer los argumentos de su desestimación, pero reconoció que se basó en un informe favorable de las peritas del Laboratorio Forense del Ministerio Público, la arquitecta Olga Fleitas y la ingeniera Ross Franco.

El pedido de desestimación cayó en el Juzgado Penal de Garantías N° 2 a cargo de la jueza Alicia Pedrozo, quien tampoco quiso exhibir ayer el expediente y se excusó a través de un funcionario alegando que estaba “ocupada” y tenía el expediente en su despacho.

La magistrada es la única que puede revertir este inminente “archivo” si le da trámite de oposición y la causa llega a Fiscalía General del Estado. En esa dependencia, la propia fiscala general Sandra Quiñónez o algún fiscal adjunto encargado de despacho puede rectificar la solicitud de Nelson Ruiz y ordenar que continúe la investigación.

Sin embargo, en la actualidad están “blanqueados” no solo el actual ministro Jiménez Gaona sino también los miembros del comité evaluador Dionisio Agustín Mereles, Roberto Carlos Enrique, Esteban Vicente Sarubbi, Juan Manuel Cano y Claudia Centurión.

Todo esto acontece a poco de que el gobierno de Horacio Cartes concluya y la realidad política cambie drásticamente debido a que no hay pacto con Marito Abdo Benítez, presidente de la República electo. De esta forma, aparentemente la consigna es lograr la impunidad justo a tiempo.

El “superviaducto” fue construida por G. 124.210 millones por la empresa española Isolux Corsán, investigada en su país por supuesta participación en un esquema de coimas.

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