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De acuerdo a los datos del proceso, para este llamado se presentaron los consorcios EGT-Q-Tec y Alta Finca (esta última firma presumiblemente vinculada con el siempre cuestionado diputado colorado José Chamorro), IBPY & Hanwha (firma coreana) & SEIN.
Un hecho llamativo es que el presidente de la empresa oriental, Kim Seung-yeon, está siendo investigado por la fiscalía en su país de origen por desfalcar y malversar fondos de la compañía, poniendo fin a 140 días de investigaciones a uno de los conglomerados más grandes controlados por una familia coreana. Según el informe, la fiscalía también acusó a diez ejecutivos del grupo y contadores sospechosos de ayudar a Kim a amasar una fortuna de cientos de miles de millones de wons (moneda coreana) ilícitamente y evadiendo impuestos. Presumen que Kim y los diez han causado más de 640.000 millones de wons de daño financiero al grupo, mediante una serie de actividades presumiblemente ilegales.
Además, el pliego de bases y condiciones establece “rigurosos requisitos” que ninguna firma local podría cumplir, pero sí estas firmas extranjeras que, de todos modos, tendrán que contratar profesionales locales, dado que sería muy oneroso para las eventuales adjudicatarias traerlos de afuera.