Camioneros exigen un precio justo por flete

COLONIAS UNIDAS, Itapúa (José Miguel González, de nuestra redacción regional). Camioneros del departamento de Itapúa están apostados en el kilómetro 33 de la Ruta VI. Exigen que las empresas agroexportadoras les paguen el precio justo por el trasporte de los granos y el cumplimiento de la resolución Número 41 del Ministerio de Hacienda.

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La fila de vehículos de gran porte, de más de dos kilómetros de extensión, se encuentra en el límite entre Hohenau y Obligado. Unos 300 camiones y acoplados permanecen desde el martes pasado a un costado de la ruta.

“Estamos siendo objeto de la manipulación del mercado”, denunció ayer el dirigente de los camioneros, Alfonso Schmickler. Dijo que las agroexportadoras no entregan la nota de remisión donde figura el costo de la tarea que desempeñan y que los únicos que cumplen la resolución del Ministerio de Hacienda son la Cooperativa Colonias Unidas, de Itapúa, y la empresa Ovetril SA, del Alto Paraná.

Según Schmickler, con lo que están cobrando actualmente ni siquiera pueden mantener en condiciones los vehículos. “La Dinatran nos exige cubiertas y otros elementos de calidad, pero no podemos pasar de los productos chinos debido al alto precio de otras marcas de mejor calidad”.

Lamentan la molestia que ocasionan a terceros, pero afirman que no tienen otra alternativa. De acuerdo con la resolución general Nº 41 de la Subsecretaría de Tributación, todas las mercaderías transportadas deben contar con su correspondiente nota de remisión que debe tener la fecha de emisión, datos del destinatario y del conductor del vehículo; la descripción de la mercadería y del vehículo, así como la dirección del punto de partida y de destino, entre otros. Este documento es el que reclaman los transportistas de granos para evitar especulaciones en el costo de su trabajo.

“Bajaron los precios de granos y las empresas decidieron pagar menos por el flete. Cuando empieza la cosecha pagan bien, pero después van disminuyendo”, argumentaron.

Los camioneros permanecerán hasta que Hacienda intervenga. Exigen el cumplimiento del decreto N° 1.083, del 2012.

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