Continúa política de hermetismo en ANDE en torno a obras del Yguazú

El 13 de junio de 2014 la ANDE firmó el contrato por US$ 76 millones para la compra y montaje de dos turbinas para la central de Yguazú con el consorcio nipón Toshiba Corporation-Mitsui & Co. Plant Systems Ltd, y 228 días después, el 27 de enero de 2015, el Gobierno canceló el proyecto. A la fecha la estatal no informa sobre el anticipo pagado a la firma del contrato.

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En fecha 27 de enero de 2015 la ANDE canceló la compra para la “Provisión e instalación de 2 turbinas tipo Kaplan de eje vertical de 103 MW/h c/u - Lote 3”, que fuera adjudicada en el marco de la licitación pública internacional ANDE-JICA N° 849/2013. Sin embargo, a la fecha es imposible obtener información por parte de las autoridades de la estatal referente a la devolución o no del anticipo por la cancelación del contrato.

El 13 de junio de 2014 la ANDE firmó en total secreto un contrato leonino por US$ 76 millones con el consorcio nipón Toshiba Corporation -Mitsui & Co. Plant Systems Ltd, sin haber licitado previamente los trabajos de Lote 2: “Obras civiles” donde serían instaladas, y pese a que la adjudicación fue cancelada 228 días después, a la fecha las autoridades de la estatal no responden a la requisitoria de los periodistas acerca del anticipo pagado a la firma del contrato. Tampoco brindan información sobre los gastos que seguramente debió afrontar concerniente a la garantía de fiel cumplimiento (P-bond) y seguros de comercio internacional. Incluso la compañía de seguros habría enviado a la ANDE una explicación por escrito del costo adicional estimativo y que tampoco dan a conocer.

Papeles comprometedores, bajo 7 llaves

Es de rigor que a la firma del contrato el comitente (ANDE) pague el anticipo, más aún teniendo en cuenta que la adjudicataria debía ordenar la fabricación de las turbinas en China (no en Japón). Y pese que en su momento se filtraron a la prensa el monto y los términos del “acuerdo”, transcurrido casi un año y medio de la cancelación de la compra, llamativamente, continúa el hermetismo en torno a dicha licitación y no es posible obtener una respuesta oficial referente a la devolución del anticipo que usualmente debería darse cuando un programa de compra se cancela. Las autoridades de la estatal no responden a las requisitorias de los periodistas acerca del resultado de las negociaciones o “destino final” del anticipo. Incluso, según informantes que solicitaron el anonimato, en la institución redoblaron las amenazas hacia los funcionarios del área de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) para evitar filtraciones a la prensa.

Oferta “tramposa”

Cabe recordar que la propuesta “ganadora” no especificaba si la oferta de US$ 76 millones incluía la instalación de las turbinas. Esto se deduce porque los seguros comerciales y marítimos que debieron ser cotizados en moneda local, o sea, en guaraníes, no fueron incluidos en la oferta. Además, al comparar la cotización “ganadora” con el presupuesto oficial y las otras ofertas, efectivamente se constató que no cotizaron la mano de obra para la instalación y montaje, comisionamientos y seguros que debió ser en moneda local, o sea, en guaraníes.

Para el resto de las oferentes la cotización de esta parte del contrato rondaba los US$ 18 millones. Vale decir que si la ANDE debía pagar esta suma, sería en forma directa a espaldas de los demás oferentes, por lo que, sumado al costo de la compra, el precio total de la provisión e instalación de ambas turbinas podría superar finalmente los US$ 94 millones (lo que indicaba que el precio de las turbinas aumentaría después de firmado el contrato).

Incluso al celebrar el contrato para el Lote 3, sin haber licitado las “Obras civiles” - Lote 2 donde serían instaladas las turbinas, podía generar obligaciones adicionales respecto a las extensiones de las garantías y seguro internacional que la ANDE afrontaría y que, insólitamente, acordaron plasmar en el contrato.

En últimas instancias, si la JICA y la consultora japonesa dieron su “no objeción” en este proceso, Paraguay tendría que recuperar los “gastos”, pues la mayor responsable de las improvisaciones y desaciertos sería la consultora impuesta por ellos, y la estatal terminar definitivamente con la política del “secretismo”.

ccaceres@abc.com.py

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