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La denuncia fiscal fue presentada a mediados de 2014 ante la Unidad Penal Nº 1 y desde hace dos meses está a cargo de Benítez. En conversación con nuestro diario, la agente explicó que analizará todas las documentaciones presentadas, de modo a determinar si corresponde la imputación por lesión de confianza y si se configuran otros hechos punibles, como apropiación y producción de documentos públicos de contenido falso.
Señaló que el fiscal Miguel Vera fue quien inicialmente tuvo la causa, luego pasó a manos de Nadine Portillo y posteriormente a la agente Leonardi Guerrero. Llamativamente, desde hace un año no ha habido ningún movimiento. “Hubo citaciones de indagatoria, pero no encontraron a una de las denunciadas, Lidia Oddone, porque el domicilio declarado no corresponde, según manifestó el ujier notificador. Las últimas diligencias fueron en julio de 2015 y desde entonces no hubo más movimientos, sin que nadie diga nada”, admitió.
Pago indebido
El presidente del Indert pagó G. 2.674 millones en febrero de 2014, que es el 50% de indemnización por la finca Nº 2857 de Alto Verá (Itapúa), expropiada en el año 2010 a la señora Lilia Oddone Vda. de Céspedes. Lo hizo pese a embargos que soportan las tierras por más de G. 2.800 millones y aún sabiendo que consta en los Registros Públicos que la propiedad tiene prohibición de contratar, razón por la cual hasta la fecha no se puede inscribir a nombre del ente agrario.
Según el expediente, las restricciones que pesan sobre el inmueble son una consecuencia de la deuda que tiene Oddone con su anterior abogado, Rubén Paredes, con quien firmó un acuerdo, escritura pública mediante, en el cual se comprometió a pagarle el 30% del valor total de la finca, pero que posteriormente no cumplió. A raíz de ello, el profesional inició juicios para cobro de honorarios y el propio Indert fue notificado en 2012 sobre la medida cautelar de retención del 30% de la indemnización, pero Cárdenas desacató la orden judicial.
La actual abogada de Oddone, Mariela Rivarola, fue quien cobró el millonario pago y en una nota dirigida a nuestro diario, alegó que su mandante cuestiona judicialmente el monto reclamado por Paredes porque “la cifra exorbitante sobrepasa todos los parámetros legales”. Empero, el juzgado que atendió la causa dijo por AI Nº 2222/12 que “estando el pacto de cuota litis plasmado en instrumento público, el mismo no admite reparo legal alguno, estando además dentro de los límites establecidos en el Art. 16 de la Ley 1376/88, arancel de honorarios de abogados y procuradores”.
Cárdenas pasa la pelota
Días pasados, Justo Cárdenas dijo a través de un comunicado que él no firmó la resolución de pago por las tierras de Alto Verá, sino que lo hizo Juan Carlos Ramírez Montalbetti meses antes de que asumiera el Gobierno, intentando con esto pasar la pelota a otra administración. Sin embargo, Cárdenas y sus asesores jurídicos debieron verificar y tener en cuenta las condiciones actuales de dominio de la finca antes de pagar el millonario monto, para no poner en riesgo el patrimonio estatal. El escenario actual indica que si la propiedad embargada llega a rematarse, el adjudicatario no reconocerá lo que el Indert desembolsó para otra persona, por lo que el Estado deberá cargar con un doble pago por culpa del titular del Indert.