El referido documento figuraba en el punto 17 del orden del día de la sesión de la víspera para su definición, pero a pedido del diputado colorado cartista, Luis Alberto Larré, fue postergado.
Entre uno de sus puntos más cuestionados está que habilita embargo de hasta el 65% del salario de los trabajadores.
La Cámara de Senadores alertada del peligro rechazó la norma que Diputado había aprobado inicialmente el 6 de diciembre de 2016 y esta cámara para ratificarse en su sanción, precisa de mayoría absoluta (41 votos).
Los cuestionamientos principales que se hacen al referido proyecto guarda relación a los artículos 2 y 7, que estipulan la irrevocabilidad de los contratos celebrados entre cliente y entidades prestadoras de servicio, así como aspectos violatorios de los derechos de los trabajadores garantizados por otras leyes y por Código Laboral.
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La Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores había recibido la recomendación de rechazo por parte de instituciones referentes como Sedeco, Asoban, IPS, centrales sindicales y gremios como la Unión Industrial Paraguaya (UIP), inclusive, hasta el Ministerio del Trabajo.
El proyecto fue impulsado en la Cámara Baja por los diputados colorados José María Ibáñez (imputado) y respaldado por Óscar Tuma, Clemente Barrios, Carlos Núñez Salinas (imputado), Walter Harms y el liberal Carlos Portillo.