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“El desistimiento no significa en ningún caso el retiro o cancelación de la APP. El MOPC entiende que esta decisión es la adecuada en vista de que el proceso administrativo es muy largo y no se condice con la necesidad de tener una posición jurídica definitiva en plazos que vayan de la mano con el proceso licitatorio”, respondió ayer el jefe de prensa Oscar Ayala, ayer ante nuestra consulta y pedido de poder hablar con alguna autoridad.
Ayala agregó, además, que “se prevén otras acciones en el ámbito judicial. El MOPC se mantiene en la posición de que la Contraloría se extralimitó en sus funciones”.
Tal como lo había anunciado a ABC Color el contralor, Enrique García, el MOPC no ha renunciado a su intención de adjudicar a toda costa esta polémica licitación para modernizar el aeropuerto a través de una asociación público-privada (APP) de 30 años que está paralizada desde enero de este año tras la denuncia de un grupo de senadores sobre una serie de maniobras para favorecer al consorcio que aparece como favorito, el conformado por las empresas Sacyr y Agunsa.
De acuerdo a los datos, el consorcio, integrado por la firma española Sacyr y la chilena Agunsa, ofrece el 32,06% de los ingresos del aeropuerto a cambio de una explotación por 30 años. Se compromete también a una inversión inicial de US$ 110 millones, que más tarde llegaría a US$ 150 millones.
La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) estaba pidiendo una ampliación presupuestaria de G. 39.000 millones para el próximo periodo, de los cuales G. 14.000 millones iban a ir destinados al pago de indemnizaciones una vez que entrara en vigencia el contrato de alianza público-privada (APP), según nuestras fuentes. La empresa Sacyr, a la que pretenden adjudicar, posee múltiples antecedentes de incumplimiento en varias ciudades del mundo.