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Una vez descubierta la cuantiosa operación, los interventores enviados por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) analizaron los detalles de la adjudicación de los G. 1.000 millones y resaltaron la temeraria e irregular actitud tomada por los anteriores directivos de Coopemag, encabezados por Luis A. Argüello, ahora ya destituido.
En primer lugar, procedieron a comprometer con una nueva deuda a la cooperativa, que ya no venía bien, y para peor se repartieron el dinero entre ellos mismos, incluyendo a autoridades administrativas y de control, funcionarios y otras personas cercanas.
Y es más, aprobaron para sí mismos una tasa de interés preferencial de 12% en algunos casos y 15% en otros, cuando que el préstamo contratado a Credicoop era al 21%. “Por tanto, se denota claramente un descalce de los costos financieros por un lado y del mismo capital a devolver, atendiendo al plazo estipulado para los beneficiarios”, concluyen los interventores.
Según el Incoop, esta práctica viola disposiciones del Decreto 14052/96, artículos 23 (Los socios tienen iguales derechos y deberes...) y 74 (Ninguno de los miembros titulares ni suplentes del Consejo de Administración podrá gozar de ventajas ni privilegios fundados en dicho carácter), y la Res. 499/04 del Incoop, que dice que “en materia de otorgamiento de créditos, directivos y funcionarios (...) así como profesionales contratados a cualquier efecto (...) no podrán acceder a condiciones de crédito diferentes o más ventajosas que las establecidas para los demás socios de la cooperativa”.
Y como si todo fuera poco, las adjudicaciones se hicieron por adelantado, antes de que llegue el préstamo de Credicoop, que luego se repartió a sola firma como “créditos para la inversión”. Al respecto, los interventores no hallaron ningún proyecto que se haya presentado para justificar inversiones.
Constituiría delito
En la denuncia presentada por el Incoop ante la fiscalía se menciona que lo ocurrido con el préstamo de G. 1.000 millones constituiría delito, según previsiones de los artículos 178 y 179 del Código Penal, que hablan de “conducta conducente a la quiebra” y “conducta indebida en situaciones de crisis”, respectivamente.
También hay sospechas de “estafa, producción de documentos no auténticos, lesión de confianza, operaciones fraudulentas por computadora y lavado de dinero”.
En total, las pérdidas de Coopemag son de G 14.518 millones (más de US$ 3,2 millones). Los directivos denunciados fueron destituidos por una asamblea de socios el sábado pasado.