La reacción de los sindicalistas tiene relación con la denuncia según la cual el concejal de Azote’y Hilario Ramón Morínigo Fretez exigió US$ 50.000 al abogado José Alberto Da Silva Bogado para evitar que lo trasladen de la asesoría jurídica del Indert y lo pongan a disposición de RR.HH. En el caso intervino el fiscal Rodrigo Estigarribia, de la unidad fiscal N° 11.
“Solicitamos que esta administración tome las medidas pertinentes a fin de aclarar los hechos denunciados por los medios..., a los efectos de deslindar responsabilidades y sancionar ejemplarmente a los funcionarios involucrados, conforme a la prédica de nuestro actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez”, expresa el comunicado conjunto del Sindicato de Trabajadores de la Reforma Agraria y Sindicato de Trabajadores del Instituto de Bienestar Rural.
Advierten que estarán atentos ante cualquier acto de corrupción y que lo denunciarán “ante los estamentos correspondientes como ha sido su política de siempre”.