Los exmandatarios Raúl Cubas Grau, Luis Ángel González Macchi y Federico Franco sentaron su posición sobre los aspectos que deberían ser contemplados en la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, cuyo plazo de vigencia se cumple el próximo 27 de marzo, y convinieron en señalar que la abultada deuda de la entidad se debió principalmente al incumplimiento de lo dispuesto en dicho instrumento diplomático.
Los tres coincidieron en señalar que la aplicación unilateral de la Nota Reversal de 1992, así como la hegemonía argentina en la administración de la entidad a lo largo de los años, derivaron en la actual situación, aunque tampoco mencionaron qué hicieron bajo sus respectivas gestiones de gobierno, para revertir dicha circunstancia.
En cuanto a las propuestas para una negociación, el Ing. Raúl Cubas Grau recomendó cambiar la modalidad de comercialización y el criterio de facturación, de tal manera que en lugar de la potencia generada se utilice la energía para distribuir equitativamente los ingresos para ambos países. Sugirió incluso que Paraguay plantee a la Argentina la posibilidad de vender directamente en el mercado la energía que no consume, debido a que el precio spot de la energía en el mercado interno argentino es muy superior al que vende la EBY.
Por su parte, Luis González Macchi reveló que en diferentes momentos elevaron vía Cancillería notas de reclamo a la Argentina para que la Contraloría revise las cuentas de la EBY, pero las autoridades del vecino país nunca accedieron a los pedidos de la parte paraguaya y, cuando se hacían consultas de manera verbal, respondían con evasivas, afirmó. El exmandatario concluyó su exposición pidiendo al presidente Horacio Cartes que dé una amplia difusión de las negociaciones.
En tanto, Federico Franco fue el que reclamó con más vehemencia, indicando que “Paraguay no debe ni un solo centavo en Yacyretá”, e incluso señaló que si solo se analiza la vigencia del tratado, “probablemente Argentina nos termine debiendo a nosotros” por la cesión de la energía de todos estos años. Insistió en que debemos exigir en la mesa de negociaciones la vigencia irrestricta del tratado y solicitar que la Contraloría pueda realizar una auditoría exhaustiva de toda la base documental de la EBY.
Sugieren solución jurídica
Un aspecto en el que coincidieron todos los panelistas es que la negociación sobre el Anexo C del tratado de Yacyretá no sea ni política ni económica y se lleve a cabo en el campo jurídico. Al respecto, Federico Franco recordó lo ocurrido con el ingreso de Venezuela al Mercosur, cuando “se dejó de lado lo jurídico y prevaleció lo político”. Añadió que el precio de la energía y lo acontecido en Yacyretá hasta hoy es consecuencia de ese mismo criterio. A su vez, González Macchi sugirió que la comisión negociadora tenga a mano respuestas adecuadas para un posible planteamiento argentino para mantener vigente la NR 92 y advirtió que ni esta ni el Preacuerdo de 2006 pueden servir de base en la negociación.