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–Es cierto. En muchos países no existe esta figura, pero el arranque de la investigación siempre está en manos del fisco. En los países más institucionalizados, como Estados Unidos, la autoridad tributaria investiga al presunto evasor durante años. Cuando están 100% seguros, allí recién hablan con el fiscal general del Estado y el Ministerio de Justicia, y allí resuelven si van a llevar el caso a los tribunales.
–¿Por qué es así?
–Primero, porque no le pueden investigar a todos los contribuyentes, por el volumen que hace imposible eso. Segundo, porque toman principalmente los casos grandes para que sean ejemplares. En tercer lugar, se cuidan muy bien de no someter a un proceso de acusación a alguien que, si pierden el caso, por no ser un caso sólido, el Estado termine siendo demandado. En cambio acá lo que vimos en el pasado fueron casos utilizados por fiscales sin escrúpulos para extorsionar.
Hay países como Uruguay que no tienen el delito de evasión, sin embargo, cada día están bajando más sus niveles de evasión, pero si uno opera con una factura falsa o trucha, eso sí es un delito. Entonces, los delitos que facilitan la evasión están todos penalizados, pero la figura de la evasión como tal no está penalizada en Uruguay, que es un país serio y más formal que el nuestro.
Hoy en nuestro país, no por los pecadores sino por los inocentes, no es aconsejable levantar la prejudicialidad. ¿Qué estructura tiene el Ministerio Público para investigar la evasión? ¿Qué personal y qué presupuesto tiene? Un intendente de un pueblo del interior le puede denunciar por evasión fiscal a un candidato que no es de su partido, y ya le quitó prácticamente de la cancha, por lo menos por algún tiempo, a su adversario. Esas son las cosas en las que debemos pensar.
–¿Qué puede decir del argumento de que muchas veces el fisco abre un sumario por evasión, que luego pasa a lo Contencioso Administrativo y termina en la nada, porque por el camino el juez se vendió?
–Si se puede “vender” el juez en lo administrativo, quién puede garantizar que no se “venderá” el juez en lo penal. Los asuntos que van al Tribunal de Cuentas y después a la Corte, todos terminan resolviéndose. Sin embargo, no hay la menor duda de la lentitud, tanto en la parte administrativa como en el Poder Judicial, que no es necesariamente culpa de los contribuyentes.