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Varias administraciones del Indert trataron de comprar la finca 172 de San Pedro de Ycuamandyyú, cuyo título fue catalogado como una producción de documentos de contenido falso por parte de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y el equipo jurídico que lleva el emblemático caso Barbero Cue (San Pedro). Sin embargo, el único que se animó a pagar por los papeles con origen ilegítimo fue Justo Pastor Cárdenas Nunes, actual precandidato a senador por el movimiento Honor Colorado.
Lo llamativo es que Cárdenas hizo caso omiso a una advertencia que el propio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) había hecho en el 2011, cuando el departamento de Avalúo concluyó que le era imposible determinar el valor del inmueble que le fue puesto a consideración, porque había demasiadas inconsistencias en el expediente. Por ejemplo, menciona el informe de dicha cartera que el título original habla de unas 4.393 hectáreas, pero de esa superficie “se debe deducir la superficie vendida (2.488 Ha), quedando un remanente de 1.894 hectáreas con 9.899 metros cuadrados”.
Luego aclara que la superficie restante no se halla ubicada dentro del perímetro general, no se describen linderos de varias de las fracciones, parte del inmueble tenía dos padrones, figuraban dos propietarios y faltaban documentos para acreditar la titularidad de varios de los que aparecían como supuestos dueños. “Por todo lo expuesto, el interesado deberá aclarar las dudas anteriormente mencionadas, razón por la cual este departamento se pronunciará solo con el valor unitario de los inmuebles ofertados, por no poder determinar la superficie real de lo ofertado”, concluían los técnicos (ver facsímil).
Crearon miles de hectáreas
Si bien el informe de Obras Públicas hacía referencia a una superficie sobrante de 1.862 ha, las abogadas Leticia Almada Paoli, del caso Barbero Cue, y Kattya González y María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, verificaron que hubo otro desprendimiento de 1.028 ha que correspondió a otra venta. Es decir, la dimensión que sobraba para ofrecer al Estado era de solo 834 ha.
Pero a través de una mensura tramitada por una persona llamada Milciades Sosa Quiñónez y otros supuestos herederos de esa propiedad (que estaba a nombre de Saturnino Sosa en 1977), la finca 172 pasó a tener 7.921 ha y se inscribió esta nueva superficie, que solo figura en los papeles pero no existe en la realidad, con padrones diferentes en Catastro y Registros Públicos, en el año 2012. El juez de esa mensura tachada de nula fue Milciades Sosa Quiñónez, de San Pedro, quien ayer habló con ABC y dijo que él no vio que el título hablaba de menor superficie y que se ciñó únicamente al trabajo del perito, Óscar Arnaldo Osorio Miranda. Sin embargo, el Código Procesal Civil establece para las mensuras que el juez debe pedir la condición de dominio del inmueble a los Registros Públicos y que, en caso de dudas, debe rechazar la medición del perito o designar un profesional distinto (Art. 666 y 667).
Con todos estos antecedentes el actual presidente del Indert, entre 2014 y 2015, pagó el total de G. 17.781,6 millones por la finca con origen ilegítimo (US$ 3,2 millones al cambio actual), según consta en el expediente al que accedió ABC.
¿Quién cobró realmente el dinero?
Nuestro diario intentó comunicarse ayer con Milciades Concepción Sosa Quiñónez, quien según los comprobantes de pago fue quien cobró el dinero del Indert. Sin embargo, al marcar el número de celular que aparece en las facturas, la llamada se desvió directamente a la contestadora. En el número de línea baja que también figura en los documentos nadie contestó, mientras que en el último número de teléfono relacionado a su domicilio declarado nos dijeron que allí no existe ningún Milciades Sosa.