La cartera aclaró que la inversión social es una clasificación del gasto público que permite contabilizar la cantidad de recursos financieros que el Estado destina a la provisión de bienes y servicios en distintos sectores sociales, principalmente en educación, salud, protección social y vivienda. Si bien el flujo de inversión social se mantuvo en promedio del 54% durante los últimos años, al primer semestre de 2018 esta participación aumenta unos puntos, cerrando en 57% en el primer semestre, según los datos.
En tanto que el 43% restante se distribuyó entre los demás sectores de la clasificación funcional del gasto público (administración gubernamental, seguridad, sector económico, deuda pública y regulación y control).