La lista de quienes pretenden apoyo del MAG sube a 62.000

La Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) presentó ayer al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) un listado de 62.510 productores perjudicados por fenómenos climáticos que buscan ser beneficiarios de la Ley 5868/17, que declara en emergencia nacional la agricultura familiar en todo el territorio nacional. Anteriormente dijeron que eran 51.000 y luego, 57.000.

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En la reunión del día de ayer entre autoridades del MAG y dirigentes del referido gremio, se acordó que el próximo jueves, 5 de octubre, estarán firmando un acuerdo para implementar la citada ley.

El ministro Juan Carlos Baruja dijo que hay acuerdo en las líneas generales y que solo faltan detalles para la firma del acuerdo, que técnicos de ambas partes irán ajustando. “Vamos a recibir el listado de productores afectados que son parte de la Coordinadora Intersectorial. Vamos a estar digitalizando y haciendo los controles necesarios para tener la certeza de que sean productores y una vez constatados tendrán la posibilidad de recibir beneficios de la ley, en el sentido del apoyo en seguridad alimentaria, en proyectos productivos en base a la ampliación presupuestaria y la rehabilitación financiera”, manifestó Baruja.

Por su parte, Jorge Galeano, uno de los referente de la CNI, destacó el avance logrado en base a tres componentes principales de la citada ley: asistencia alimentaria, reactivación productiva y rehabilitación financiera.

Indicó que eso es parte de la primera etapa, puesto que la propuesta de la CNI consta de seis puntos. Mencionó entre ellos el seguro agrícola, que se implementará en forma gradual. El pedido de la Coordinadora es que se implemente en los 17 departamentos de la República.

También refirió a servicios básicos que tienen pendientes. En ese sentido, pidieron al ministro coordinar acciones con el Senave, ANDE, Indert, SAS y Senavitat, así como también la implementación de programas sociales como Tekoporã y beneficios para personas de la tercera edad.

Baruja dijo que tras firmarse el acuerdo, la implementación de la ley de emergencia se hará en un plazo de diez días.

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