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Los archivos periodísticos dan cuenta de que al menos 14 aduaneros investigados por enriquecimiento ilícito zafaron de la justicia en los últimos 15 años. Este precedente y la lentitud de la fiscalía en recabar los informes en la investigación a los “magos” de las finanzas que ganaron protagonismo desde hace dos meses y medio, apuntan a una suerte similar a favor de los sospechosos.
Asimismo, la Contraloría tiene congelado desde diciembre del 2015 el estudio de correspondencia de 30 “magos” aduaneros sospechosos de enriquecimiento ilícito. En la camada de millonarios están por ejemplo Javier Agüero Martínez, Enrique Casaccia Furiasse, Elvis Carrera Ríos, Alberto Estigarribia Fretes, Luis Tadeo López, Alcides Brizuela Pereira, publicados recientemente en esta serie de investigaciones.
Varios de los que quedaron impunes por denuncias de enriquecimiento en el 2002 ya están jubilados, mientras que otros afortunados siguen en apetecibles cargos dentro de Aduanas. Entre ellos está Julio Vega, presidente de la seccional 21, actual subadministrador de Caacupemí; Alberto Tiozzo, hoy asesor de fiscalización; Luis Fernando Alfonzo, valorador; Alcides Sánchez, jefe de control de RR.HH., entre otros.
Uno de los sobreseídos en el 2002 es Carlos Vázquez Aguilera. En aquella época, con su sueldo de G. 1.300.000, más el de su mediática esposa María Graciela Delgadillo llegaban a un ingreso familiar de G. 2 millones. Sin embargo, la familia llevaba vida de reyes, la mujer se manejaba como diva, iba de compras al extranjero y usaba tarjeta “Visa oro”.
Más adelante, y gracias al guiño de la justicia, Vázquez, con sueldo de G. 3 millones, terminó un edificio de US$ 1 millón de dólares, y solo en inmuebles el valor de sus bienes orilla los US$ 2 millones.
Nuestro diario viene publicando en los últimos dos meses y medio nombres de 16 aduaneros que amasaron extraordinaria fortuna con casi modestos sueltos, que como mucho llegan a los G. 4,3 millones. Los fiscales de Delitos Económicos Hernán Galeano y Claudia Morys están investigando a 10 de ellos por el supuesto hecho de enriquecimiento ilícito.
La investigación no avanzó del trámite de pedido de informes en dos meses. Según el fiscal adjunto de Delitos Económicos Federico Espinoza, el problema es la “burocracia” y que ellos no tienen atribuciones de establecer plazos. Sin embargo, en notificaciones circularizadas que obran en nuestro poder figuran tope de días para remitir lo solicitado.
rossana.escobar@abc.com.py