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Vidalia Benítez, una de las líderes del MCP, puso como ejemplo el caso específico de la colonia Santa Teresa (Caazapá), donde el Indert supuestamente recuperó 700 hectáreas a finales de 2014. Habían llevado hasta el sitio a unas 80 familias, pero apenas se les dieron 150 hectáreas, de acuerdo con los datos.
Otro caso “que quedó en pura propaganda”, en palabras de Benítez, es la comunidad de María Nidia, ex Laterza Cue (Caaguazú). Con bombos y platillos, el Indert, presidido por Justo Cárdenas, había anunciado la cesión de 300 hectáreas por parte de la firma Bioenergy, a las que se sumaban otras 200 hectáreas estatales para completar 500 hectáreas, que serían distribuidas entre unas 50 familias. Los campesinos fueron instalados en el sitio hace más de dos años. A finales de 2016, se realizó la transferencia del inmueble al Estado, pero hasta la fecha no se realizó la distribución de los lotes para cada beneficiario de la reforma agraria.
El gremio campesino también denunció el conflicto de tierras en Carayaó (Caaguazú), donde compatriotas están instalados en una propiedad privada que la dueña está dispuesta a vender, pero en Indert no se hace la gestión de compra.
Otro caso es el de tierras de Minga Porã, en la zona llamada Limoy, donde unos 14 lotes fiscales están aparentemente siendo explotados por brasileños. El instituto agrario hace la vista gorda, pese al insistente pedido de intervención, según la queja. También hay problemas en unas 304 hectáreas de Santa Fe (Alto Paraná) y en tierras de Tobatí (Cordillera).
Los campesinos, oriundos de Paraguarí, Caazapá, Caaguazú, Cordillera y Alto Paraná anunciaron que se quedarán por tiempo indefinido frente al Indert, cuyo presidente no les recibió ayer. Tampoco hubo respuesta a ABC Color a través del área de Comunicación.