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El documento es la respuesta que pidió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a la Corporación Vial del Uruguay, que tras la adjudicación del contrato de los peajes al consorcio Ramón C. Álvarez-CDD, desmintió que la empresa uruguaya que integra el consorcio tuviera la experiencia específica que decía tener, involucrando para ello a la corporación.
Cuando el MOPC recibió la denuncia, teniendo la atribución de cancelar la licitación, simplemente la dejó en suspenso y solicitó nuevos informes.
La copia de ese informe solicitamos ayer a través de la Dirección de Comunicaciones, cuyo titular es Óscar Ayala Bogarín, quien nos solicitó a su vez hacerlo por escrito y en mesa de entrada. Así lo hicimos, pero en el transcurso del día no obtuvimos respuesta. Tampoco fue posible dar con la vocera del llamado, la viceministra Marta Benítez. El contrato que está en juego es de más de G. 42.000 millones y supone la entrega por 10 años de 13 puestos de peaje al consorcio integrado por la empresa bajo sospecha de haber falseado datos.
Además, como es un contrato abierto, cualquier peaje que se instale en adelante en territorio nacional, pasará a ser administrado por el consorcio adjudicatario en esta licitación.
En su declaración jurada, Ramón C. Álvarez SA no solo aseguró que había construido nueve peajes para la Corporación Vial del Uruguay, cuando que apenas construyó seis, sino también que tenía los cuatro años de experiencia mínima que le exigía el pliego.
Ramón C. Álvarez SA tiene solo tres años y cinco meses de experiencia y no alcanza el mínimo, según revela una resolución emanada del Tribunal de Cuentas del Uruguay, que intervino en un juicio que involucró a la Corporación Vial del Uruguay y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de ese país.
El documento, al cual tuvimos acceso, menciona como antecedente textualmente lo siguiente: “El 16 de abril de 2002 se suscribió un contrato referente a la construcción de los puestos de peaje y la recaudación de los mismos, entre la CVU, como contratante y el Consorcio Hernández & González SA- Ramón Álvarez SA en calidad de contratista, cuyo plazo finalizó en setiembre de 2005”.
Esta resolución puede encontrarse en la siguiente página web: www.tcr.gub.uy.