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El caso tiene relación con la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT), ocurrida en 1999. El Banco Central del Paraguay (BCP), luego del proceso de liquidación, decidió pedir a la Justicia que declare la quiebra de la entidad financiera, para lo cual instruyó a uno de sus funcionarios, el abogado Francisco González, quien posteriormente también solicitó que los créditos del Central sean incluidos en el mencionado proceso.
El “trabajo” del funcionario-abogado requirió dos escritos, que juntos llenan apenas dos carillas. Tras abandonar el BCP, González pidió la regulación de sus honorarios a la Justicia, que después de largos trámites ordenó al banco a pagarle G. 3.138 millones.
El BCP opuso todas las defensas y apelaciones posibles y todas fueron rechazadas. Un Tribunal de Apelación declaró al BCP como litigante de mala fe por “defensas improcedentes”, castigándolo a un mayor porcentaje en los honorarios de Francisco González.
La Sala Constitucional de la Corte, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial del 5to. Turno y el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 7° Turno obviaron la disposición del Art. 12 de la Ley de Honorarios de Abogados, que dispone que un profesional del ramo que recibe un sueldo fijo (como lo es un funcionario del BCP) ya no puede regular honorarios a su mandante (el BCP, en este caso) por los juicios que este tramite en nombre de su empleador.
El Art. 105 de la Constitución Nacional prohíbe la doble remuneración de los funcionarios públicos en cualquier concepto (excepto por causa de docencia), disposición constitucional que tampoco fue respetada en este caso, pues Francisco González recibió su sueldo y un plus en su carácter de apoderado para tramitar la quiebra del BNT.
Este antecedente pone en peligro todo el sistema, pues funcionarios en situación similar podrían cobrar por cualquier trabajo (judicial o extrajudicial) que sus entes les encarguen y luego regular millonarios honorarios.
LLAMATIVAS COINCIDENCIAS
El BCP está siendo obligado a pagar un escandaloso honorario a un exfuncionario, el Abog. Francisco González. Para que esto ocurra, los G. 3.138 millones reclamados fueron incluidos “mágicamente” por el Congreso (no lo pidió el banco en su proyecto de presupuesto 2013). Luego, el 1 de febrero pasado, ni bien terminó la feria judicial, el juez Hugo Bécker ordenó y emplazó al BCP, a primera hora de la mañana, a abonar el millonario monto.