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El proyecto y fiscalización del “Proyecto de Construcción de la Central Hidroeléctrica Yguazú” fue adjudicado a la consultora japonesa Nippon Koei Lac Co. Ltd. por el procedimiento de lista corta por U$S 25 millones, y pese a que nunca desarrollaron el proyecto ejecutivo para ser licitado.
La estatal habría pagado a dicha consultora unos US$ 7 millones por un “anteproyecto” con indefiniciones, que podía generar un aumento de más del 30% en relación con el proyecto ejecutivo, más aún teniendo en cuenta que este tipo de convenio no se rigen por la Ley de Contrataciones Públicas, que establece un tope máximo del 20% de incremento sobre el “proyecto” licitado.
Para esta obra ANDE disponía de un crédito de US$ 200 millones del Japan Bank Internacional Corporation (JBIC), a una tasa de interés del 0,75% anual, un plazo de 40 años y 10 de gracia, cuya aprobación se demoró en el Parlamento hasta el 2007. Por su parte la estatal aportaría US$ 40 millones como contrapartida, con lo cual se dispondría de US$ 240 millones para financiar las obras.
El “taxímetro” no se detuvo
Los trabajos se licitaron con bade en el “anteproyecto”, y pese a que todo el programa del Yguazú se encontraba paralizado, la consultora japonesa igual facturaba las horas/hombre correspondientes, que sumado el equipo de ANDE afectado a estos trabajos (cuyo sueldo se pagaba de la contrapartida local), la estatal habría erogado un total de US$ 11.300.000 en este concepto, (o sea casi el 4,6% del monto disponible para esta obra), porcentaje que comúnmente se paga por proyectos ejecutivos.
Originalmente el plan contemplaba terminar los trabajos durante el periodo de gracia (10 años), y amortizar el préstamo con las producción de la nueva central, y si bien todo el proceso licitatorio se realizó en el periodo de gracia y no se estaban pagando los intereses, se amortizaba el capital y solo se completó las obras del Lote 1: “Accesos y obrador”, adjudicada a la empresa TR Edivisa por G 15.000.000.000 (US$ 2.640.900 al cambio de la época).
Aclaraciones a la ciudadanía
El presidente de la ANDE, Ing. Víctor Romero Solís, debería explicar en qué se gastó los más de US$ 11.300.000 por el programa cancelado, y por qué nunca respondió a ninguna de las denuncias que ABC formuló a través de 132 artículos, 7 tapas y 6 editoriales. Al contrario, prosiguieron con el proceso licitatorio, pese a quedar demostrado que el “anteproyecto” de la consultora japonesa sería inviable, dado que su costo superaba las previsiones oficiales, los trabajos peligrarían la estabilidad del embalse, sumado el bajo rendimiento de las turbinas “compradas”.
Tampoco dio a conocer cuánto pagó ANDE por los servicios de la consultora canadiense Manitoba Hydro Internacional contratada en forma directa, para revisar y evaluar la viabilidad técnica y económica de las dos alternativas del proyecto Yguazú.
Incluso debería explicar la solución a adoptar para corregir el puente “tapón” construido sobre el río Yguazú de 4 m de ancho de tablero (no pasan maquinarias agrícolas), correspondiente a los trabajos del Lote 1 ¿Devolverán el dinero mal invertido?
¿Se recuperó el anticipo pagado al consorcio japonés Toshiba Corporation (Toshiba) y Mitsui & Co. Plant System. Ltd. para la provisión e instalación de las turbinas previsto en el Lote 3: “Equipos electromecánicos” que fuera cancelado? ¿Devolverán el dinero?
El contrato por US$ 76 millones fue firmado el 13 de junio de 2014, y ABC publicó que se celebró antes que viajaran al Japón la delegación encabezada por Horacio Cartes, pese a asegurar que no se había firmado contrato alguno, ¿Qué pasó con las turbinas? ¿Dónde están guardadas?
También debería aclarar el Ing. Romero por qué adjudicaron la compra de las turbinas sin haber iniciado las obras civiles (Lote 2) donde serían instaladas, lo que generaría obligaciones adicionales respecto a las extensiones de las garantías y seguro internacional que la estatal tendría que afrontar, gastos estos que insólitamente acordaron plasmar en el contrato, lo que hubiese disparado los costos más allá de toda previsión.
Si la JICA y la consultora japonesa dieron su no objeción a todo este proceso corrupto, Paraguay no tendría que devolver ningún dinero al Japón, pues la mayor responsable de las improvisaciones y desaciertos sería la consultora impuesta por ellos.
ccaceres@abc.com.py