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Hoy, a las 15:00, se reunirán en asamblea varios sindicatos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) a fin de estudiar posibles medidas de fuerza para impulsar el pedido de destitución del presidente del ente, Héctor Duarte. También quieren la salida de José Marín Bestard, quien acaba de asumir en el directorio en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Ambos son acusados de “apañar los negociados de Villeta y Paranaguá”, que derivaron en la entrega de infraestructura portuaria a manos privadas sin el correspondiente abono de recursos que lo justifiquen. Ambos contratos se firmaron durante la presidencia de Duarte, pero Marín aún no estaba en el directorio.
Gustavo Maciel y Joaquín Núñez, ambos sindicalistas de ANNP, explicaron que el objetivo de la asamblea convocada es justamente analizar tanto la entrega de la infraestructura portuaria al sector privado como la posibilidad de adherirse a la huelga general prevista para el 18 de diciembre próximo.
En el caso de Paranaguá, el silo paraguayo ubicado en dicho puerto franco brasileño está siendo explotado por el consorcio paraguayo-brasileño Mercosul sin pagar nada a la ANNP.
Mercosul, representada por Jaime Zorteto, debió pagar US$ 900.000 por año a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), según el contrato, por el usufructo de un silo de su propiedad, que se encuentra en el puerto franco de Paranaguá, Brasil.
Sin embargo, debido a que la cinta transportadora del silo se encuentra inhabilitada por un litigio planteado ante la justicia brasileña, no la pueden utilizar e incluso las operaciones no se registran oficialmente.
Por otro lado, en Villeta, la ANNP otorgó la concesión a un consorcio (PTP-Gregser), sin que la misma fuese autorizada por el Congreso, como dispone la Constitución Nacional.
Sobre el tema intentamos conversar ayer con Duarte, pero no atendió nuestras llamadas a su celular. En su momento varios miembros del directorio habían pedido informes al respecto, pero no hubo respuesta.
Sospechoso silencio
El caso más alevoso ocurrió en Villeta, donde desde el año pasado una empresa argentina –PTP Warrant–, consorciada con una empresa local fantasma –Gregser–, tiene la disposición total del puerto por 20 años y pagando la mísera suma de 5.000 dólares por año a la ANNP, en concepto de canon.
Sobre Gregser no hay información en los registros comerciales, pero se la vincula al diputado liberal y expresidente de Puertos, Fernando Nicora López Moreira.
La “sede” de Gregser que figura en el contrato con ANNP es una humilde mercería de Mariano Roque Alonso. La Procuraduría jamás intervino en este caso.