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El abogado Lovera, especialista en temas agrarios, planea presentar una demanda por lesión de confianza y otros hechos punibles a determinar en el curso de la investigación fiscal, en el marco del caso de las tierras conocidas como Barbero Cue, identificadas como finca 231, Padrón 682, con superficie de 17.343 hectáreas. Las mismas fueron donadas en el 2012 al Estado paraguayo, para los ocupantes de hecho sujetos de la reforma agraria.
Esa donación con cargo fue hecha por Italia a través de un acuerdo internacional con Paraguay, que hasta hoy no se ha cumplido. El ente agrario, que debería encargarse de la distribución de las tierras conforme lo establecido en el tratado, hasta ahora no ha intervenido en favor de los campesinos y cuando lo hizo, fue en contra de los mismos.
“Por muchos años (las tierras de Barbero Cue) fueron objeto de todo tipo de especulaciones y de una gran cantidad de hechos punibles criminosos, ante la desidia del propio Ministerio Público y las autoridades nacionales encargadas de velar por el patrimonio tangible e intangible del Estado, su soberanía y de la debida responsabilidad por el respeto a su patrimonio material”, afirmó el abogado.
Alertó sobre la negligencia y la “conducta omisiva de administradores mediocres”, que trajeron como consecuencia graves perjuicios, por lo que pedirá a la Fiscalía una exhaustiva investigación de los autores, cómplices y encubridores de los hechos mencionados.
Tiene superficie total
De acuerdo con los datos manejados por Lovera, la colonia en cuestión posee las 17.343 hectáreas que señala el título de propiedad, hasta hoy registrado a nombre de la República de Italia. Esto contradice la versión de las empresas ganaderas colindantes y otras que ocupan parte de las tierras, como Nicasio Acosta e Hijos, Vista Alegre y La Blanca, que hablan de que la superficie es mucho menor.
En el año 2008, mucho antes de la donación de Italia, el topógrafo Guillermo Luque Díaz ya había realizado una mensura en la propiedad y pudo verificar que la superficie en terreno se adecuaba a los números indicados en el título de propiedad. El plano resultante de dicha medición incluye la identificación de la porción ocupada por La Blanca, aparentemente de forma ilegítima (ver plano publicado).
Sin embargo, en el año 2013, el propio Indert promovió otra medición y el resultado fue de apenas 14.090 hectáreas, desmembrando así más de 3.000 hectáreas. Fue durante la administración de Luis Ortigoza, con varias imputaciones precisamente por mal desempeño en sus funciones al frente del instituto. Si bien durante la administración actual el ente desistió de dicho juicio de mensura (denominada la “mensura de la mentira), ahora Cárdenas habla de que planea inscribirla en los Registros Públicos, en perjuicio de los campesinos, donatarios del inmueble.
Por ese motivo, la comisión vecinal Un Pedacito de Italia de Barbero Cue procura una nueva medición, pero las mencionadas firmas ganaderas se vienen oponiendo sistemáticamente. Por su parte, el Indert, en lugar de salir a defender el bien donado al Estado para los labriegos, pretende beneficiar a las empresas, según las denuncias, de forma completamente irregular.