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La prensa del vecino país se había hecho eco de las declaraciones del director argentino de la EBY, Humberto Schiavoni, quien también dijo en la ocasión “que hay un completo acuerdo con los socios de Paraguay para incrementar la potencia de la represa”.
Cabe reiterar que la prioridad paraguaya e inclusive de la entidad binacional se contraponen a la argentina.
En efecto, el Gobierno de Horacio Cartes, al menos esa es la postura que expone ante la prensa, sostiene que el arreglo de la deuda, cuyo monto aún no fue aclarado, que imputan a la entidad binacional debe anteponerse a cualquier otra decisión o emprendimiento. En otras palabras, primero el arreglo de la deuda y después la construcción de la miniusina en el Aña Cua, la ampliación del actual parque de maquinarias, etc.
Especialistas del sector Energía, consultados por nuestro diario, reiteran que el Poder Ejecutivo “aun cuando las tentaciones sean grandes” no debe apearse de esa posición, porque es la única posibilidad que tiene de presionar a los argentinos para decidan ordenar el caos financiero que pone en riesgo del futuro de Yacyretá.
“Sabemos que la prioridad argentina es aumentar la generación eléctrica a cualquier costo”, señalaron, pese a las últimas declaraciones del canciller Eladio Loizaba sobre el proceso de arreglo de la deuda de la EBY, inyectó una fuerte dosis de duda a sus expectativas.
Loizaga, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Mburuvicha Róga el día 16 de febrero pasado, deslizaba la posibilidad de que el Gobierno admita una alteración de las prioridades de referencia: “No podemos, por esa situación, esperar, arreglar y después tomar decisiones de potenciar, turbinas, Aña Cua y otras obras futuras, o si no, llevará más tiempo que lo que (ya) se ha perdido...”, decía. Recordemos que dentro de 24 días se cumplen tres años del vencimiento del plazo de 40 años que establece el Anexo C en su Art. IX, para la revisión de sus disposiciones.
Suspensión del 2006
El día 13 de abril de 2006, ABC Color publicaba en su Pag. 13, Economía, que “por falta de transparencia, el presidente Nicanor Duarte Furtos ordenó la suspensión de la licitación N° 321 del contrato de construcción de la central del brazo Aña Cua del río Paraná, convocada por Yacyretá (EBY)”.
La entonces ministra de Relaciones Exteriores, Leila Rachid, justificaba entonces que la prioridad del Ejecutivo era “el plan de terminación de Yacyretá (PTY)” para que el embalse o lago de la hidroeléctrica alcance la altura o cota definitiva.
La entonces canciller, con una seguridad que llamó la atención, relata el material informativo, declaró que la usina sobre el brazo Aña Cua “no es indispensable”.
“Para que no quepa ninguna duda de que su gobierno no va a estar apañando nada que pueda tener algún dejo de sospecha, decidió suspender las obras de Aña Cua”, agregaba.
De US$ 160 a 550 millones
Once años después, según las declaraciones del director argentino, Humberto Schivoni, la pequeña usina, de 270 MW de potencia costará US$ 550 millones, mientras que en el 2002, los responsables del proyecto hablaban de un costo que rondaba los US$ 160 millones y en 2006, año de la suspensión, de US$ 420 millones en 2006.
Debería aclararse también si la miniusina, en rigor, será licitada internacionalmente o será adjudicada a IMPSA, la que en 2006 se presentó como “iniciador privado”, un mérito que reconocen las leyes argentinas, no así las paraguayas.