Cargando...
En algunas áreas cayó muy bien y en otras como un baldazo de agua fría el nombramiento del concejal Carlos Arregui, del PDP (Partido Democrático Progresista), grupo liderado por la senadora Desirée Masi, para encabezar una comisión de auditoría gubernamental que abarcará inclusive los cinco años de gobierno de Cartes.
El titular del Ejecutivo afirmó en su cuenta de Twitter el martes último que el nombramiento es para liderar “un equipo que analice y audite lo actuado en Petropar no solo los dos meses de gestión de Patricia Samudio”, sino también de los cinco años del periodo de Horacio Cartes. El presidente dio a entender que el análisis y la auditoría abarcarán todas las gestiones en las que se denunciaron irregularidades. El propio Arregui se expresó también de esa forma. Abdo Benítez señaló que su compromiso es con la transparencia. “No vamos a parar hasta lograrlo”, dijo.
La exministra de Minas y Energía Mercedes Canese expresó ayer a ABC TV su desacuerdo con esta decisión y recordó que en su momento, cuando Cartes asumió la presidencia, también había anunciado auditoría y contratado empresa amiga para el trabajo, que al final no tuvo ningún resultado.
El ingeniero Augusto Ríos Tonina, por su parte, también hizo cuestionamientos alegando que hay varios entes para ello, como la Contraloría y la Procuraduría.
La senadora Desirée Masi, bastante sorprendida, inclusive dijo que pedirá a Arregui su renuncia por aceptar integrar el gabinete presidencial. Alegó que es “para evitar comentarios sobre la vinculación partidaria entre PDP y Colorado Añetete, como algunos están tratando de instalar”. Arregui aclaró que su trabajo será coordinado con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SNA), que depende del Ejecutivo. Ayer a la tarde el presidente Abdo Benítez compartió en Twitter su Decreto N° 432, por el que nombra a Arregui asesor en transparencia e integridad, con rango de ministro.
La decisión del Presidente de nombrar a un opositor como cabeza de auditoría de instituciones del Estado genera estas incógnitas: 1. Siendo la de auditar una tarea que compete a la Contraloría General (CGR), ¿por qué el Presidente de la República no confía este trabajo a dicha institución?
2. Existiendo la Secretaría Nacional Anticorrupción (SNA), que depende justamente del Ejecutivo, ¿por qué nombra a una persona extraña a esa institución?
3. ¿No sería más razonable que sustituya por Arregui el titular de la Auditoría General del Ejecutivo o la ministra Anticorrupción?
4. ¿Por qué el Presidente instala un poder fuera de la jurisdicción de las instituciones pertinentes, CGR y SNA? ¿No confía en quienes lideran esas instituciones?
5. ¿Por qué designa a un opositor para liderar esta investigación, pudiendo designar a uno de su partido?
6. ¿Por qué la senadora Masi teme lo que dirá la gente? ¿Teme que un dirigente de su partido sea manipulado para blanquear a algunos y condenar a otros? ¿O existe otra razón?
7. Puesto que se supone que Arregui necesitará un equipo, ¿cuánto cuesta a los contribuyentes esta superposición de funciones de distintos organismos y funcionarios dedicados a la misma cosa?
Auditoría extranjera paralela
El lunes último, Elvio Brizuela, director del Consejo de Empresas Públicas anunció el llamado de una auditoría internacional para determinar la situación de todas las empresas públicas, entre ellas Petróleos Paraguayos SA (Petropar).
Inclusive, manifestó que cada auditoría, que abarcará solo desde septiembre de 2017 hasta septiembre de 2018, costará alrededor de 1.500.000 dólares. Son nueve empresas del Estado: Essap, Copaco, Vox, Capasa, Ande, INC, Fepasa, Petropar, Dinac.
Esta auditoría externa será paralela al trabajo a desarrollar por Arregui, según los datos.