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Al enviar al archivo la denuncia “por improcedente”, Anticorrupción allana el camino para que el titular del ente, Andrés Gubetich, firme el contrato de G. 18.700 millones con la empresa TSV SA, representada por Pedro Gómez, para la instalación de 173 cámaras en cinco ciudades (Ciudad del Este, Encarnación, Cnel. Oviedo, San Ignacio y Caaguazú). La denuncia alegaba la violación de la Ley 2051 de Contrataciones Publicas que garantiza la igualdad de competencia. Al exigir una tecnología específica, limita la cantidad de oferentes. Hoy se opta por tecnologías híbridas para evitar dependencias, pero Conatel y la Policía defienden la “FDM”, según los denunciantes.