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Según los registros municipales, el citado Colegio de Graduados no ha pagado el impuesto inmobiliario correspondiente a 116 lotes, más un predio de urbanización (Predio Patiño), en realidad desde 1993, lo que representaba un monto global de G. 405.167.531.
El municipio itaugüeño había iniciado acciones administrativas para el cobro, pero sin éxito, y con el paso del tiempo la asociación en cuestión se vio beneficiada por la prescripción.
Tal es así, que el 1 de noviembre pasado, en una nueva resolución firmada por el intendente de Itauguá, Miguel Ángel Meza (PLRA), se declaró de nuevo en mora al gremio, pero se le aplicó el beneficio de la prescripción (Art. 173 de la Ley 3966/10, Ley Orgánica Municipal), y se computó la deuda desde el 2011. Por consiguiente, la Municipalidad de Itauguá inició un reclamo judicial por el cobro del impuesto inmobiliario desde el 2011 al 2016, por valor de G. 162.965.084.
Villa del economista
El inmueble en cuestión está individualizado como finca 729 del distrito de Itauguá, tiene una extensión de aproximadamente 48 hectáreas, forma parte de la “Villa del Economista”, que cuenta además con un predio de urbanización para beneficio de los propietarios de la villa, denominado proyecto “Predio Patiño”, que está concebido como un emprendimiento privado cerrado, para uso exclusivo de los propietarios.
Esta finca pertenece en propiedad al Colegio de Graduados, aunque la administración de 278 lotes que integran el proyecto está a cargo de una comisión de propietarios de esos lotes.
Renuncia y desidia
La desidia y total abandono del “Proyecto Patiño” tiene como responsables, por un lado, a la comisión administradora del proyecto “Villa del Economista” y al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, cuyos directivos nada hicieron durante 20 años para solucionar el problema.
Cristina Muñoz, actual responsable del colegio, asumió la titularidad del gremio en junio de 2013, tras la renuncia de Arnaldo Samaniego (exintendente de Asunción), quien presidió el colegio al menos en cuatro periodos, equivalentes a más de 10 años, sin mediar solución para el pago de los compromisos con el citado municipio. La justicia incluso ya embargó inmuebles del gremio por el no pago de impuesto entre 1993 y 2012, al mismo municipio.