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De acuerdo a documentos, la referida finca tiene una extensión aproximada de 5.000 hectáreas, de las cuales una fracción del inmueble es reclamada por un grupo de familias con la excusa de que esa área pertenece al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y debe ser entregada a los campesinos; sin embargo, De Gásperi se ratifica que el terreno le corresponde legalmente.
Los integrantes de la organización campesina fueron acusados en reiteradas ocasiones por varias acciones que pueden ser penadas por la Justicia, como destrucción de alambrados, quema de pasturas, robo de postes y hasta un tanque australiano que era utilizada para depósito de agua para la provisión del vital líquido a los diversos potreros que sirven para cría y engorde de animales. José Villalba, uno de los referentes de la organización, por su parte, señaló que ningún campesino se encuentra construyendo ningún campamento dentro del terreno; sin embargo, comentó que muchos de ellos están realizando cosecha de los productos agrícolas que habían sembrado anteriormente.