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Piden que se investigue el hecho punible de “conducta conducente a la quiebra contra personas innominadas”.
Elio Gómez, abogado y socio patrocinante, indicó que la denuncia se basa en los informes del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) en los que se concluyó que las autoridades de la cooperativa (de periodos anteriores) solicitaron y obtuvieron multimillonarios préstamos de dinero con intereses, incluso usurarios, para la implementación de la industria alcoholera, que fue instalada en el distrito de Carayaó, cuyas consecuencias se denotan en el estado financiero que se fue agravando hasta el punto de llegar a acumular multimillonarias pérdidas. En el escrito se adjunta la nómina de los miembros de junta de vigilancia y consejo directivo que fueron rotando en sus cargos por varios periodos, en el manejo de la extinta cooperativa.
Lento avance en investigaciones
En abril del año pasado, la comisión anticorrupción de la cooperativa ya presentó una denuncia ante el Ministerio Público por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa y otros, en contra de personas innominadas. En junio de este año culminó el informe pericial con base en el primer informe de la comisión interventora del Incoop, mediante el cual se recomendaba a la encargada de la unidad fiscal a cargo de Gladys Torales que se remita un oficio al Incoop. Sin embargo, según los representantes del órgano regulador, no se realizó hasta el momento ningún pedido de parte del Ministerio Público.