Cargando...
¿De dónde obtuvo el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) los recursos necesarios para las millonarias transacciones? En las escrituras de compraventa los comparecientes declararon que los fondos tienen “origen lícito”, pues es un formalismo exigido, pero, llamativamente, Justo Pastor Cárdenas realizó estas operaciones después de los cuestionados “negocios” de tierras en la Región Oriental y en el Chaco, entre los que se destacó el caso de Chino Cue, así como también el de los “pozos de oro”, que acarreó sendas investigaciones fiscales por varios presuntos delitos en la mira, como coimas y sobornos, lesión de confianza, producción de documentos, estafa y otros.
Nuestro diario accedió a copias de los documentos y se observa que la Agroindustrial Ganadera JPC adquirió tres inmuebles de Pirayú, dos de 252 hectáreas cada uno y otro de 52 hectáreas (556 ha en total), por G. 3.500 millones. Pero en la zona, según consultas con agentes inmobiliarios, las tierras se ofrecen a G. 30 millones por hectárea, es decir, el valor de la propiedad de referencia rondaría los G. 16.680 millones, equivalentes a unos US$ 3 millones al cambio actual, sin considerar lo que valen el ganado y las estructuras edificadas en estos terrenos.
La Agroindustrial Ganadera JPC es una sociedad anónima fundada en 2014 por Justo Pastor Cárdenas Nunes y en el acta de constitución también figura un hijo de este, Justo Pastor Cárdenas Pappalardo. El año pasado nuestro diario ya había alertado sobre una operación en la que Cárdenas compró 252 hectáreas del hermano de su entonces señora, María Soledad Saldívar, pero que hicieron figurar a nombre de esta, para no justificar el origen de los fondos utilizados en la transacción. Ya entonces en la zona los lugareños identificaban la propiedad en cuestión como “presidente Indert mba’e” (del presidente de Indert).
En el pasado, de acuerdo con los antecedentes dominiales, toda esta área de Pirayú perteneció al expresidente de Paraguay Tomás Romero Pereira y posteriormente una parte quedó a nombre de su hija Rosa Isabel Romero de Saldívar (exsuegra de Cárdenas). Son 1.011 ha, que ella donó en 2010 a sus cuatro hijos (a cada uno, 252 ha).
En el año 2013 los hermanos procedieron a la división y partición del condominio. Así, a María Soledad le correspondió la fracción II-C (padrón N° 4364); Carlos Román, fracción II -D (N° 4365); Jorge, fracción II-B (N° 4363); y Luis Miguel, fracción II-A (N° 4.362). Luego, en 2015, maría Soledad supuestamente compró la parte de su hermano Jorge, la fracción II-B, según escritura 172, pasada ante el escribano Canuto Rasmussen, por US$ 180.000, que las partes declararon haber entregado antes del acto.
Lo negó públicamente En una conferencia de prensa realizada el 4 de julio de 2016 Justo Cárdenas había negado rotundamente que la propiedad a nombre de María Soledad Saldívar sea en realidad suya. “Toda esa extensión de tierras está hace más de 60 años en el seno de la familia Romero Pereira. No es propiedad mía, ojalá fuera. Yo me casé con mi señora con separación de bienes; ella tiene sus propiedades, esta no es la única que tiene”, dijo el presidente del Indert en un verborrágico discurso en el que se despachó contra ABC Color, enfatizando en que lo publicado era mentira.
Hoy, luego del divorcio de Justo Cárdenas y María Soledad, vemos que la empresa de la que Cárdenas es el principal accionista es la dueña oficial no solo de la fracción II-B, que publicábamos el año pasado, sino que de otras dos más que eran de otros de los Saldívar. Primero, aquella fracción II-B fue “revendida” en noviembre de 2016 a la empresa Agroindustrial Ganadera JPC. Los documentos indican que fue por el total de G. 1.500 millones, pagaderos en tres cuotas.
Además, la fracción II-A, que pertenecía a Luis Miguel Saldívar, también fue adquirida por la firma JPC a fines de 2016, por similar suma (G. 1.500 millones). Como si eso fuera poco, compró 52 ha de la misma María Soledad (parte de la Fracción II-C), por G. 500 millones, según obra en los papeles.
Hoy se llama a silencio
Nuestro diario llamó ayer al número de celular de Cárdenas, con terminación 211, pero este no nos atendió. Tampoco respondió los mensajes enviados, en los que preguntamos concretamente sobre la operación de Pirayú.
ABC Color está abierto a escuchar las explicaciones del funcionario público y su versión oficial de cómo financió estas millonarias operaciones, considerando que su salario global es de G. 32 millones, según planilla obtenida del portal del Indert.
El titular del ente es uno de los precandidatos a senador por la ANR (movimiento Honor Colorado).
gbenitez@abc.com.py