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Sindicalistas y asociados de Seodinac se reúnen hoy en asamblea para definir medidas de protesta contra la inminente entrega del aeropuerto a una empresa que mintió para concursar y a la que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue defendiendo, en este caso la compañía española Sacyr.
Rubén Cáceres, secretario general de la citada organización sindical, explicó que la Dinac está buscando desvincular a 700 u 800 trabajadores para instalar esta dudosa asociación público- privada (APP), salpicada por denuncias de diversas irregularidades.
La más grave tiene que ver con la constatación de la Contraloría General de la República (CGR) de que el Ministerio de Obras Públicas “ayudó” a Sacyr a seguir en carrera cuando saltaron sus múltiples antecedentes de proceso judiciales vigentes en el marco de obras públicas encaradas en varios otros países.
Estos antecedentes, según disponen la ley y el pliego de bases y condiciones, debieron dejarle fuera de competencia, pero aún así el MOPC le favoreció con un dictamen que negaba tales procesos judiciales.
Incluso después de haberse comprometido públicamente en más de una ocasión a acatar el dictamen que expidiera la Contraloría sobre el caso del aeropuerto, el ministro Ramón Jiménez Gaona, una vez que la recomendación salió y resultó contraria a los planes ministeriales, recurrió en estos días al tribunal de cuentas para solicitar que se deje sin efecto el planteamiento del ente auditor. Desde entonces, el secretario de Estado también evita a la prensa en su afán de no responder preguntas sobre el tema.
Comité, denunciado
En febrero de este año, el ya referido sindicato presentó ante la Fiscalía una denuncia penal por prevaricato y producción de documento público de contenido falso contra todo el comité evaluador de la licitación del sistema de alianza público-privada para el aeropuerto internacional “Silvio Pettirossi”. La petición de investigación interpuesta por Seodinac afecta también al ahora exministro de Hacienda y precandidato a la presidencia de la república por el oficialismo colorado, Santiago Peña, quien en su momento estaba en el comité evaluador en cuestión.
En este caso, además de Peña, integraron el comité de la APP y están igualmente denunciados Juan Manuel Cano, viceministro de Obras; Claudia Centurión Rodríguez, titular de la Directora de Proyectos Estratégicos (Dipe) y principal responsable de esta APP, según refiere el escrito; Lilian Cañete, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, y Dionisio Mereles Verón, asesor jurídico. Todos estos, como miembros representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).