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En tal sentido, es revelador que si cada uno de los ochenta diputados puede malgastar hasta 3.500.000 de guaraníes mensuales para trasladarse a cualquier lugar y por cualquier motivo, lo que supone un total de 3.960 millones de guaraníes anuales, los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia pueden derrochar en un mes hasta 4.760.000 per cápita, esto es, 514.080.000 guaraníes al año, en conjunto. A diferencia de la enorme mayoría de los diputados, los ventajistas de la máxima autoridad judicial, cuyos ingresos mensuales rondan los 40.000.000 de guaraníes, residen en Asunción y solo viajan de vez en cuando al interior del país para inspeccionar, por decirlo así, la circunscripción de la que se han encargado. En teoría, los dos vehículos que corresponden a cada uno de ellos deben ser empleados para las “necesidades institucionales”, pero de hecho a algunos se los ha visto llevando a sus cónyuges al supermercado o transportando a sus hijos a los colegios, es decir, pueden usarlos para lo que se les antoje, pues no se valen de una tarjeta que podría rastrearlos, sino de un simple cupo transferible a quien sea. Como se ve, se ríen de los “comunes”, que tienen que lidiar con el costo de los combustibles y con el pasaje cada vez más caro, a lo que debe agregarse la regulada de los ómnibus del transporte público. De ninguna manera se puede decir que estos “ciudadanos” prestan un servicio extraordinario a la nación sino todo lo contrario, ya que sus actuaciones dejan mucho que desear.
El despilfarro en materia de combustibles, en el que también participan los ministros del Poder Ejecutivo y los directores de Petropar y muchos otros capitostes, desangra notablemente el erario y se presta a corruptelas varias. La remuneración mensual debería bastarles para costear el viaje de ida y vuelta a las respectivas oficinas, en sus propios vehículos. Un ministro de la Corte percibe, además, seis millones de guaraníes mensuales en concepto de “gastos de representación”, para cubrir, por ejemplo, los que conlleva el traslado a algún acto protocolar al que fue invitado en dicho carácter: no tiene por qué recurrir a un vale estatal, que solo debería servir para sus desplazamientos por motivos inherentes al ejercicio del cargo, para los cuales se puede calcular el costo exacto y reembolsarlo. A propósito, el art. 4°, inc. c), de la Ley N° 6622/20, que establece medidas de racionalización del gasto , prohíbe la “provisión de combustibles para la máxima autoridad de los Organismos y Entidades del Estado y para los miembros de órganos colegiados. Exceptúase su utilización para desplazamientos derivados de su función o cargo”. Razón de más, entonces, para anular los despilfarros actuales. Nadie controla a los ministros de la Corte, ni a los diputados ni a los demás privilegiados incluidos en la prohibición legal, sistemáticamente violada por unos y otros.
Es de recordar que el art. 10 de la ley citada prescribe que su incumplimiento “será sancionado conforme a las responsabilidades administrativas y penales”, y que el Ministerio Público debe “abrir la investigación correspondiente de oficio y/o a denuncia de la Contraloría General de la República”. Ha llegado la hora de que estas instituciones intervengan de una vez para poner coto a una práctica asquerosa, que se reitera cada año con la inclusión en el Presupuesto de unas abultadas sumas que carecen de la menor justificación moral y legal. Se trata de un robo apenas disfrazado, que hoy conduce a que, entre otras cosas, sus autores no se vean afectados por el raudo aumento del precio del combustible, a diferencia del común de la gente. Si los senadores pueden vivir sin sus cupos, ya que han renunciado a utilizarlos, por qué no los integrantes de la “Cámara de la Vergüenza”. Debe hacerse la salvedad de que los diputados Rocío Vallejo (PPQ), Kattya González (PEN), Norma Camacho (PEN) y Édgar Acosta (PLRA), también han renunciado correctamente a esas prebendas.
Es plausible que la diputada González proponga la eliminación de los fraudulentos cupos, aunque la posibilidad de que ello ocurra sea muy remota: es más probable que las partidas sean incrementadas, respondiendo al encarecimiento referido. Con todo, sería saludable colocar al Ministerio de Hacienda y a los legisladores ante la disyuntiva de manifestarse abiertamente en pro de los peces gordos del aparato estatal o de atender el bolsillo de la población forzada a financiar sus dispendios, so capa de una “necesidad institucional”. Por de pronto, ya se impone que el Ministerio Público y la Contraloría se pongan a investigar con rigor una malversación diaria y de vieja data, que de hecho implica un sobresueldo para los desvergonzados responsables. Si no se toman medidas, esta cruel tomadura de pelo irá resultando cada vez más cara para los contribuyentes que alimentan a sus verdugos.