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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo lo justo y necesario al no confirmar a Blas Manuel Velázquez como síndico de Quiebras, propinando así una sonora bofetada a su protector Antonio Fretes, el mismo que tiene el descaro de aferrarse a su investidura, aunque todos sus pares, la Cámara de Diputados, la de Senadores y organizaciones de la sociedad civil hayan pedido su condigna renuncia, tras las revelaciones que siguieron al escándalo del contrato suscrito por su hijo Amílcar Fretes para evitar la extradición del libanés Hassem Mohamad Hijazi, y ser salpicado por las turbias aristas que envuelven a los negocios de su ya citado vástago y a otro de nombre Asdrúbal Fretes.
El defenestrado síndico, en el cargo desde 2016, fue un azote de los legítimos dueños de inmuebles provenientes de quiebras por él administradas en beneficio, en última instancia, de las firmas Río Salado SA y Tebicuary & Campos y Hacienda, dirigidas por Asdrúbal. Son varios los manejos turbios atribuidos a quien, según sus declaraciones juradas, acreció su patrimonio neto de 63.335.200 guaraníes en 2016 a nada menos que 880.000.000 en 2019, gozando de un salario de 23.379.496 guaraníes, al que podrían sumarse los ingresos derivados de la explotación de un bar y de la venta de chipas en Quiindy. El impactante aumento se refleja, en parte, en una enorme casa con piscina ubicada en un amplio predio de dicha localidad.
Entre otros antecedentes, se puede mencionar que en el marco de la quiebra de una firma inmobiliaria, Velázquez admitió que una inmobiliaria de los esposos Eduardo Heisecke y la escribana Carolina Schauman (que solia realizar escrituras para integrantes del clan luqueño de los González Daher) obtuvieran al irrisorio precio de 480 millones de guaraníes ¡un total de 140 lotes! de una de las zonas más cotizadas de San Bernardino, muchos de los cuales ya habían sido pagados en su totalidad por compradores.
Según otras denuncias, el compueblano de Antonio Fretes no halló ningún obstáculo en ceder dos veces por escritura pública, a personas distintas, un crédito hipotecario de 556 millones de guaraníes otorgado en 1996 por el Banco Unión: el 13 de febrero de 2020, por veinte millones, y el 25 de septiembre del mismo año, por cien millones de guaraníes. No se habría limitado a deshonrar su función ejerciéndola, sino también realizando actividades accesorias, como la de hacer de intermediario en pleitos judiciales. En efecto, según el transportista Silvio Lovera, fue uno de los abogados que lo visitaron cuando la Dirección Nacional de Transporte le canceló la matrícula; el afectado habría dado cien millones de guaraníes a Diego Isasi, cuñado del desfachatado hoy exsíndico, quien le habría dicho que el dinero iba a ser entregado a la jueza Sady Carolina Barreto; luego, los abogados desaparecieron, de acuerdo al denunciante.
Aunque comprensible por la protección con que contaba, es deplorable que, durante seis años, las despreciables actuaciones de Blas Manuel Velázquez no hayan sido examinadas por la Dirección General de Fiscalización y Registro de Propiedades de la Sindicatura General de Quiebras, dependiente de la CSJ y encargada de mantener un control permanente de las propiedades custodiadas por las distintas quiebras y de constituirse en un banco de datos que coadyuve a la transparencia de los procesos de quiebra. También es hora de que tome cartas en el asunto el Consejo de Superintendencia de la misma Corte y de que la Contraloría General de la República fiscalice las cuentas de ingresos y gastos de la Sindicatura de Quiebras, en especial las de la gestión del sirviente de Antonio Fretes, aparte de cotejar sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Si resulta que su patrimonio tuvo un aumento no razonable o no proporcional a sus ingresos, según fuertes indicios, deberá denunciar el hecho al Ministerio Público, como manda la ley.
Y, por supuesto, se impone que este último órgano investigue a Blas Manuel Velázquez tanto en lo que respecta a la administración de propiedades como a la denuncia del transportista citado y a la autenticidad de sus declaraciones juradas de bienes y rentas. No basta con que haya sido desalojado en buena hora, por obra de unos ministros de la CSJ que, si se enteraron de la trama montada en la Sindicatura de Quiebras, fue gracias a una prensa tan detestada por más de un juez. Fallaron los órganos de control, quizá no solo por su ineficiencia, sino también por temor al jefe de hecho del “clan”, beneficiario de una caja de seguridad bancaria abierta por Río Salado SA.
Se espera que, en el futuro, las quiebras ya no sean una copiosa fuente de ingresos para los confabulados con quien debe administrar con probidad los bienes de las personas declaradas en quiebra. El hecho de que Blas Manuel Velázquez no quede impune ayudará a limpiar el órgano que puso valiosos bienes al servicio de su padrino, de los hijos de este y de otros privilegiados, así como también para disuadir a los interesados en lucrar vergonzosamente al amparo y con la ayuda de un órgano auxiliar de la CSJ.