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Uno de esos desafíos es la sostenibilidad fiscal. Paraguay lleva más de una década de déficit ininterrumpido, que se ha agudizado dramáticamente desde la pandemia, el endeudamiento público está al límite máximo, los agregados monetarios están desbordados, con una inflación muy superior a la que el país estaba acostumbrado. El 90% de los ingresos ordinarios del Estado y el 70% de los ingresos totales están asignados a gastos rígidos, concretamente a salarios y remuneraciones, jubilaciones y pensiones del sector público, transferencias para subsidios y servicio de la deuda, por lo que prácticamente no resta para inversiones, mantenimiento, insumos, pago al día a proveedores. ¿De dónde va a salir la plata para hacer todo lo que se promete en la campaña? Solo hay dos maneras de abordar el problema, o aumentando fuertemente los impuestos o reduciendo drásticamente los gastos. Los candidatos dicen que no harán lo primero, pero evitan tomar postura sobre lo segundo, lo cual les resta credibilidad frente a las personas informadas y, en especial, frente a los agentes económicos.
Relacionado con lo anterior, los candidatos han sido ambiguos, en el mejor de los casos, en relación con la reforma del Estado, urgente y necesaria para restablecer la capacidad estatal de hacer rendir el dinero que aportan los contribuyentes y generar una contraprestación equivalente de servicios públicos a la población. Dentro de ese paquete, por ejemplo, está el proyecto de una nueva ley de la función pública, para fortalecer la institucionalidad de la carrera civil, asegurar que los funcionarios públicos entren por concursos transparentes, les deban sus puestos y su estabilidad a sus méritos y dedicación, y respondan al país y a la ciudadanía, no a los caudillos políticos. De contramano con ese objetivo, el candidato colorado llegó a decir que no importan los títulos y la preparación, sino las conexiones con el partido para llegar a los cargos. Con toda razón, en la carpa de en frente saltaron las airadas críticas, pero tampoco fueron muy categóricos sobre cuáles serán sus políticas ante el funcionariado si les toca gobernar. Por mencionar un aspecto, sería bueno saber qué van a hacer con los abusivos contratos colectivos de los entes estatales.
Todos hablan de seguridad social, pero ninguno ha dicho una palabra sobre las reformas que imperiosamente se requieren, por ejemplo, para estabilizar el explosivo déficit de la Caja Fiscal, que administra los aportes y haberes jubilatorios del sector público. Según proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda, de seguir como está, para mediados del próximo período presidencial las reservas de la Caja ya estarán agotadas y el saldo acumulado será de 2.500 millones de dólares, equivalentes al triple de todas las recaudaciones del impuesto al valor agregado, que se tendrán que destinar exclusivamente a costear el retiro de los funcionarios. Las fuertes medidas que se tienen que adoptar no serán populares en el corto plazo, con ampliación de años de aportes y eliminación de privilegios. ¿Tendrán el coraje? Las señales que han dado los candidatos van en la dirección opuesta. Como muestra de ello, parlamentarios de casi todas las agrupaciones que compiten en las elecciones siguen flirteando con el proyecto de ley que equipara las jubilaciones a los sueldos de los funcionarios activos.
Otro asunto de extrema importancia donde los candidatos no han dado definiciones claras es en la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. En agosto se cumplen 50 años de su entrada en vigencia y se abre la posibilidad de modificar sus términos. Los electores tienen que poder sopesar si los candidatos poseen una visión estratégica de cuáles son las verdaderas reivindicaciones paraguayas en la binacional y, a partir de ahí, si tienen propuestas realistas e innovadoras para poner en la mesa de negociación. Ello pasa necesariamente por la renta potencial de los 20 millones de megavatios/hora de excedentes que tiene Paraguay anualmente en la central, y que hoy debe ceder a su poderoso vecino a cambio de una ínfima compensación. Si los gobernantes no tienen esa visión estratégica, se terminarán conformando con pequeñas concesiones, como ha pasado históricamente. Por ahora, unos elogian la “generosidad” de Lula por aumentar en 2009 las migajas que se le pagan a Paraguay por su energía y otros prometen bajar las tarifas de luz, cuando lo que necesita el país son inversiones en el sector eléctrico para poder aprovechar su disponibilidad de energía para el desarrollo nacional.
Son solo algunos ejemplos importantes, se tendrían que haber discutido muchísimos temas más. Hasta el momento la campaña electoral ha sido muy pobre. Obligan al electorado a concurrir a las urnas a ciegas y a votar más por intuición o por preferencias emocionales que por información, conocimiento y convicción.