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El ministro saliente de Obras Públicas y Comunicaciones, Rodolfo Segovia, confirmó que solamente esta cartera acumula deudas vencidas a contratistas por 360 millones de dólares y admitió que los pagos ya quedan para la siguiente administración, supuestamente con un plan en marcha para contar con 200 millones para fin de año, algo que, en las actuales circunstancias, es difícil de imaginar. Trasladó la responsabilidad al Ministerio de Hacienda, “que no proveyó en su momento los recursos”, pero el hecho es que este Gobierno deja tremendos agujeros en esta y otras áreas, como salud, pese a que durante el período se duplicó el endeudamiento público y se disparó el déficit fiscal.
El problema comienza en la misma elaboración y aprobación del Presupuesto. Año a año la clase política infla artificial e irresponsablemente la estimación de ingresos para repartir alegremente dinero que en verdad no existe. Como consecuencia, casi el 80% de los fondos efectivamente disponibles se van en gastos rígidos, principalmente salarios, jubilaciones, pensiones, transferencias para subsidios y servicio de la deuda, y ya no queda para honrar compromisos que se asumen, pero que en la práctica no se pueden cumplir.
El Ministerio de Hacienda hace permanentes malabarismos y bicicleteos para cubrir las necesidades de los distintos entes, y como los gastos fijos no se pueden recortar, entonces simplemente se deja de pagar a proveedores de bienes y servicios por inversiones, mantenimiento y abastecimiento.
Por ese motivo, en el sector público nadie deja de cobrar religiosamente sus sueldos y bonificaciones (planilleros y haraganes incluidos), pero en los hospitales no hay remedios ni insumos básicos, si un equipo se descompone ya queda así por tiempo indefinido, las escuelas se caen a pedazos, las obras públicas se retrasan, por mencionar ejemplos que se comprueban a diario.
Ello también produce un enorme sobrecosto. Con la excusa de que el Estado es mal pagador, existe toda una aceptada práctica de sobrefacturaciones que llevan implícito un presunto costo financiero, que termina siendo altísimo, sin ninguna transparencia. Aparte de ello, no hay una sola obra pública en Paraguay donde no se ejecute la famosa “cláusula de ajuste”, de hasta el 20% sobre la oferta original en la licitación, que supuestamente solo debería ser para casos excepcionales. Para tener una idea, como promedio, un kilómetro de carretera asfaltada en Paraguay cuesta diez veces más que en Europa.
Los vencimientos impagos en obras públicas, lo mismo que con proveedores de medicamentos y otros, se vienen arrastrando por varios ejercicios y el ministro Segovia lo atribuyó, entre otras razones, al tope del déficit fiscal (que, por otro lado, se sobrepasa permanentemente). Lo mismo dio a entender Claudia Centurión, quien lo reemplazará en el cargo, al declarar que trabajará con Hacienda “sobre el problema que representará el déficit para seguir invirtiendo en obras”.
Eso sugiere que, de acuerdo con ese criterio, se debería mantener y ampliar el déficit, aumentar todavía más el endeudamiento, comprometer la sostenibilidad macroeconómica y acogotar a la población con inflación para financiar infraestructura. Nada más alejado de la verdad. La situación actual no se debe a la falta de recursos, sino al mal uso de los mismos. En los últimos veinte años, solo la administración central del Estado paraguayo ha gastado 113.000 millones de dólares en términos reales, tomando el promedio del tipo de cambio por quinquenio. Si se hubiese utilizado ese exorbitante monto de manera mínimamente racional y correcta, hoy Paraguay tendría toda la infraestructura que necesita, no le debería un centavo a nadie y estaría, cuando menos, en las puertas del desarrollo.
El próximo ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, ha reiterado en varias ocasiones que el déficit real es el doble que el admitido oficialmente y se ubica en torno al 5% del PIB. En base a ello ha planteado extender el cronograma de convergencia hasta 2026, para solo entonces adecuarse al tope del 1,5% del PIB establecido en la bastardeada ley de responsabilidad fiscal. Pero eso es más de lo mismo y, si se aplican las mismas fórmulas, no se pueden esperar resultados diferentes. Lo que corresponde es de una vez por todas reformar el Estado y hacer un ajuste en el sector público, para que el dinero de los contribuyentes no siga esfumándose en el barril sin fondo de la burocracia estatal y sea utilizado como corresponde, en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo nacional.