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Los 22.000 pobladores del Alto Paraguay sufren desde siempre la desgracia de ser marginados por los sucesivos Gobiernos nacionales y de ser saqueados por los departamentales. Soportan sus padecimientos ante la indiferencia de unos y la codicia de otros, sin que haya visos de que alguna vez se vayan a tomar medidas de fondo que apunten a liberarlos de la incomunicación, de las carencias sanitarias y educativas o hasta de la falta de alimentos. Son como unos parias abandonados a la mano de Dios, salvo cuando surge una emergencia extrema, inocultable, que obliga a una reacción que solo servirá para paliar daños: luego, todo volverá a la “normalidad”, es decir, a las penurias cotidianas desapercibidas por las autoridades.
Esta vez, un buque de la Armada tuvo que transportar desde Asunción, durante nueve días de viaje, treinta toneladas de alimentos, para diez días, destinados a los habitantes de Bahía Negra –incomunicada por tierra desde hace 40 días– y otras localidades, que también estuvieron aislados casi un mes porque los caminos de tierra se hallan intransitables. Como el personal del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones brillaba por su ausencia, al igual que el de la Gobernación, que recién hoy comenzaron a reparar el acceso a Bahía Negra, un grupo de voluntarios, a los que se sumaron peones de estancias de la zona, se ocuparon de desagotar los lugares anegados, empleando combustible financiado por otros particulares. Debe recordarse también que, ante las protestas ciudadanas, la Gobernación al menos había empezado a reparar la vía pública que une a Fuerte Olimpo con Toro Pampa.
Es realmente escandaloso que a estas alturas los pobladores de Bahía Negra, donde tiene su asiento una base naval, nada menos que resulten amenazados por una hambruna, debido a las lluvias que impiden el libre tránsito, a lo que se suma la falta de un transporte fluvial regular. El avión del Servicio de Transporte Aéreo Militar opera una vez por semana y solo transporta pocos pasajeros. Un riesgo similar pueden correr los pobladores de Fuerte Olimpo, de Puerto Casado o de Puerto Guaraní. Conste que la primera localidad citada, capital departamental, tiene al menos una pista de aterrizaje cementada, lo que resulta útil, sobre todo cuando algún paciente debe ser trasladado de urgencia a Asunción, distante a 900 kilómetros, porque el Hospital Regional no puede atenderlo por falta de especialistas, medicamentos o equipos.
Estas sempiternas penurias no inquietan lo suficiente, ni mucho menos, a la “clase política” del Alto Paraguay, corrupta hasta los tuétanos, según se desprende de que varias autoridades fueron acusadas de graves faltantes de dinero. Entre sus representantes figuran tanto la exgobernadora, exdiputada y hoy titular del Instituto Paraguayo del Indígena, Marlene Ocampos, como el exgobernador y hoy diputado José Domingo Adorno, ambos colorados cartistas denunciados por el delito de lesión de confianza que habrían cometido al frente de la Gobernación.
Desde luego, los habitantes del Alto Paraguay tienen derecho a reclamar con insistencia a las autoridades competentes la prestación de servicios públicos y estas el deber de atenderlos a tiempo, pero también es necesario que ellos mismos contribuyan a la depuración de los mandatos electivos, eligiendo mejor a sus intendentes, gobernadores, concejales y diputados. Entre 1993 y 2022, los trece gobernadores, algunos de los cuales lo fueron solo durante unos meses, administraron 620.000 millones de guaraníes del Presupuesto departamental, sin que sus respectivos desempeños se hayan reflejado en buenos servicios públicos ni hayan estado más allá de toda sospecha: las denuncias de malversación fueron frecuentes. Es evidente que votar por corruptos, negligentes o ineptos no es la mejor manera de solucionar los acuciantes problemas departamentales, que convierten a los pobladores del extremo norte del país en ciudadanos de segunda.
Los derechos que la Constitución consagra valen para todos los paraguayos, incluso –por supuesto– para quienes residen lejos de la capital del país, de modo que el Estado debe crear y mantener en todas partes las condiciones básicas en materia de sanidad, educación y comunicaciones, para que el bienestar de la gente no dependa del lugar en que viva. Los habitantes de esa importante región de nuestra patria merecen una vida mejor, de la que hasta hoy solo gozan sus autoridades, anteriores y actuales.