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La Cámara Baja tratará hoy dos proyectos de ley con intenciones opuestas, relativos a la duración de las causas y a la persecución penal de un hecho punible: uno, concebido por el diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista), tiende a favorecer la impunidad, y el otro, presentado por su colega Daniel Centurión (ANR, abdista), a dificultarla. La primera iniciativa modifica la norma vigente de que el procedimiento judicial no debe durar más de cuatro años, reduciendo dicho plazo a tres en los hechos punibles de acción penal pública, como la lesión de confianza, y a un año y medio en los de acción penal privada, como la calumnia. La segunda incluye los hechos punibles contra el patrimonio del Estado entre los que son imprescriptibles, pudiendo ser perseguidos cualquiera sea el tiempo transcurrido desde su comisión, aparte de los ya previstos en la Ley Suprema: el genocidio, la tortura, la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas.
La propuesta del diputado Rodríguez está en línea con la de la “devolución premiada”, que se le ocurrió a su compañero de bancada Yamil Esgaib (ANR, cartista) para que los corruptos vean reducida a la mitad la pena que les correspondería si fueran pillados. De lo que aquí se trata es de favorecerles mediante las chicanas sistemáticas, por lo general impunes, planteadas por los procesados y aprovechando la acostumbrada morosidad judicial. El plazo para la prescripción de la causa se suspende, según el Código Penal, “cuando por circunstancias objetivamente insuperables, la persecución penal no pueda ser iniciada o continuada”. Al menos una de ellas –las maliciosas dilaciones planteadas por las defensas– sería superable si los jueces castigaran sus conductas dilatorias, para que no se repita una prescripción con el consiguiente sobreseimiento definitivo como el que en 2023 benefició, por ejemplo, a los condenados Camilo Soares y Alfredo Guachiré, tras diez años de proceso, en la causa de los “coquitos de oro”.
El Código Procesal Penal y la Acordada N° 971/15 de la Corte Suprema de Justicia castigan a los litigantes de mala fe, pero el diputado Rodríguez por lo visto tiene razones para confiar en que sigan sin ser aplicados con el debido rigor; no obstante, para acelerar la impunidad, creyó oportuno reducir el plazo máximo de la duración del procedimiento penal y a la vez reasegurar la impunidad, sugiriendo que el detenido pueda pedir al juez que desestime la denuncia si la Fiscalía no lo imputa dentro de las cuarenta y ocho horas, plazo exiguo que podría incumplirse por “recargo de trabajo”, entre otras cosas. En cambio, es saludable el proyecto de ley que declara imprescriptibles también los delitos cometidos contra el patrimonio público, sometido a un continuo saqueo con la participación directa, la complicidad o el encubrimiento de los mandamases de turno, que parecen controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público, en mayor o menor medida.
Es cierto que se necesita seguridad jurídica, que alguna vez hay que hacer borrón y cuenta nueva, pero el paso del tiempo no debe servir para convalidar el latrocinio de bienes públicos, cuyos efectos acumulados pueden arrastrarse durante muchos años. Los bienes malhabidos deben ser recuperables, sin que los sinvergüenzas puedan invocar la prescripción adquisitiva de dominio, ya que ella no puede fundarse en la comisión de un hecho punible. El tiempo no puede sanear el despojo del patrimonio estatal, así que la Cámara Baja hará bien en apoyar el proyecto de ley del diputado Centurión. En consecuencia, hoy se sabrá quiénes están en favor del castigo a los ladrones públicos y quiénes quieren congraciarse con ellos.