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Un grave accidente se produjo el domingo, una vez más en el lugar conocido como Pedrozo, en las cercanías del Cerro de Caacupé, con el trágico saldo de seis fallecidos y numerosos heridos. El suceso no llamaría tanto la atención y no resultaría aún más lamentable si no fuera porque en el mismo lugar ya se han producido otros dolorosos episodios similares, sin que la respectiva dependencia del Gobierno, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tomara las medidas para mitigar el peligro que conlleva la pronunciada bajada, la velocidad que imprimen los conductores a sus vehículos y el fluido tráfico que habitualmente existe en el lugar. Ahora que se debe lamentar nuevamente el luto en numerosas familias, como siempre, se vuelven a anunciar posibles soluciones, para lo cual, sin embargo, ya se adelanta que se necesitará un tiempo prudencial.
El Ministerio Público abrió una causa penal por homicidio culposo a raíz del hecho, ocasionado por un camión transganado, de dos enormes carretas cargadas de ganado vacuno, que al parecer debido a un desperfecto mecánico, no pudo frenar y arremetió contra varios vehículos que esperaban en el semáforo instalado al final de la bajada, volcando sobre un automóvil donde viajaba una familia completa. Escenas verdaderamente dolorosas se observaron en el lugar.
Lo llamativo es que se trata de una ruta reconstruida y habilitada apenas unos pocos años atrás, por lo que debe llamar seriamente la atención que ni al ministerio encargado de la obra ni a la empresa constructora Rutas del Este, consorciada con el Estado para este emprendimiento y que al cabo de 30 años recibiría alrededor de 1.700 millones de dólares, no se les haya ocurrido mejores ideas para solucionar el antiguo peligro allí existente y que ha costado ya muchísimas vidas. Ahora se debe lamentar la pérdida de muchas otras. Es más, Patricia Ferreira, directora de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, comentó a la prensa que en varias ocasiones el jefe regional ya había solicitado que el semáforo instalado al final de la pendiente sea removido, por el peligro potencial que representaba su funcionamiento en ese lugar. Por su parte, los lugareños sostuvieron ya en noviembre del año pasado que se requería otra rampa, luego de que un camionero haya perdido los frenos cuatrocientos metros después de superar la existente.
Como se ve, existen entonces posibles negligencias que podrían haber causado el fatal percance. Valdría la pena hurgar en las responsabilidades para evitar hechos similares en ese o en otros lugares. Como siempre, abundan las instituciones pero no así los resultados. A las eventuales obligaciones se debería sumar la que corresponda a los directores de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), encargada de prevenir y controlar los accidentes, de la que poco se sabe en estas circunstancias. De hecho, se habría venido ignorando la Ley N° 5016/13, que tiene por objeto “proteger la vida humana y la integridad física de las personas en el tránsito terrestre”, siendo precisamente su autoridad de aplicación la ANTSV, en cuyo Directorio están representados cuatro ministerios, el intendente de Asunción y dos colegas suyos designados por la ONG Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, que nada debería tener en los asuntos gubernamentales.
Podría decirse que la frecuencia de accidentes acaecidos en el tramo citado exige que se revisen el proyecto y la construcción de la ruta PY02, en especial en dicho sector. Ya se han producido quejas sobre algunas rotondas, donde se produjeron también percances. Lo cierto es que no se trató de un caso fortuito más y que, por ende, los responsables deben ser identificados para que sufran las consecuencias penales y civiles pertinentes. No se necesita una sola víctima más.