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El presidente del IPS, Jorge Brítez, presentó al Congreso un proyecto de modificación de la Carta Orgánica cuyo aspecto más importante es el cambio de los parámetros de cálculo de los haberes jubilatorios. Actualmente, el monto inicial que percibe un jubilado asegurado que haya cumplido todos los requisitos es igual al promedio de sus remuneraciones declaradas en los tres últimos años de su vida laboral, sobre las cuales se hayan hecho los respectivos aportes obrero patronales. La propuesta es elevar gradualmente el período considerado hasta diez años, con el fin de eliminar el perverso incentivo hoy existente para una amplia subdeclaración.
En efecto, aunque es claramente ilegal, se ha convertido en práctica común que trabajadores y sus empleadores declaren solo hasta un sueldo mínimo para reducir el monto del aporte, para luego realizar un blanqueo en el trienio final para aumentar el monto de la jubilación. Tan generalizada es esta maniobra que el 80% de los 700.000 inscriptos en el IPS aportan sobre el mínimo, pero luego un alto porcentaje termina jubilándose con dos, tres o más salarios básicos, sin haber aportado para ello, según declaró Brítez.
La evasión indirecta afecta seriamente las finanzas y la sostenibilidad del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Individualmente puede favorecer a algunos, pero estructuralmente perjudica a la gran mayoría de los actuales y futuros aportantes y jubilados, en la medida en que no alcancen los ingresos para solventar los retiros y se vayan consumiendo las reservas hasta agotarse.
Esta situación no es hipotética, ni mucho menos, sino que ya está presente. El Fondo de Jubilaciones del IPS entró en déficit en 2020, dos décadas antes de lo que preveían los estudios actuariales; a 2023 llevaba acumulado un saldo rojo de 100 millones de dólares y todavía faltan conocer los resultados de 2024. A este ritmo, si no se toman las medidas necesarias, ya no habrá dinero para las jubilaciones de los jóvenes que están aportando hoy. La propuesta de elevar el número de años para el cálculo de la jubilación es solo una de tales medidas.
Ahora bien, mientras el Gobierno promueve tibias reformas en el sistema previsional de los trabajadores del sector privado, en más de un año en funciones no ha movido un dedo para encarar la del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, o Caja Fiscal, cuya situación es crítica, al punto de que en 2024 cerrará con un agujero de 300 millones de dólares solventados con dinero de los contribuyentes. Esto es debido a jubilaciones de privilegio y desfases entre beneficios y financiamiento mucho más graves que el comentado del IPS, pero el Gobierno no hace absolutamente nada al respecto para no enfrentarse con los sindicatos de funcionarios ni molestar a su clientela política.
En cuanto a los congresistas, no solamente acceden a una jugosa pensión vitalicia del 60% de sus altas remuneraciones con tan solo 10 años (dos períodos) de aportes, que se extiende a sus cónyuges e hijos menores o discapacitados en caso de fallecimiento, sino que se acaban de autoasignar por casi unanimidad en ambas cámaras, con la anuencia del Poder Ejecutivo, un subsidio estatal para fondear la Caja Parlamentaria, más otro incluido en el Presupuesto 2025, cargando a toda la ciudadanía el costo de sus privilegios. ¿Con qué cara van a aprobar ahora una ley para adecuar la relación aportes/beneficios de los trabajadores privados?
Finalmente, al justificar el proyecto de ley, Jorge Brítez habló de la necesidad de un “sinceramiento de los aportes”, pero el IPS tiene 26.000 funcionarios y es un antro de derroche, nepotismo, privilegios indebidos, corrupción y uso discrecional de los recursos de los asegurados en favor de familiares y allegados políticos, y de eso Brítez no habla. Como botones de muestra, tiene 344 abogados en su plantilla, pero contrata como asesor jurídico externo a Weldon Walter Black Zaldívar, el flamante yerno del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Tiene una enorme y costosísima estructura burocrática, que consume el 6% de las recaudaciones brutas, pero contrata como “consultora” a Marta González, exviceministra de Tributación del gobierno de Horacio Cartes.
Se podrá creer que esta cínica práctica política de “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago” no tiene consecuencias, pero sí las tiene y son nefastas. El resultado es la destrucción de la institucionalidad de la República, la indignación de la población, que no se siente obligada a cumplir unas leyes que rigen para unos y no para otros, la pérdida de credibilidad y confianza en las autoridades, todo lo cual está en el centro de la crónica y funesta ineficacia de los gobiernos de turno.