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El Presupuesto nacional de 2025 incluye 334.541 puestos permanentes –uno por cada veinte habitantes– para un total de 106 entidades, es decir, unos 15.219 más que el del año pasado, lo que contribuirá a que el gasto público aumente en un 14,2%. A los 11.978 nuevos cargos proyectados por el Poder Ejecutivo, el Congreso agregó 3.241 en las distintas entidades públicas, de lo que se infiere que también los legisladores, en vez de proteger el bolsillo de sus representados, prefieren afectarlo aún más, solo para mantener a un personal público en gran medida superfluo y clientelístico, que no se distingue por su idoneidad, su honestidad ni su eficacia. A los funcionarios –por lo general nombrados sin previo concurso público de oposición– se suman unos 50.000 contratados, que en su enorme mayoría lo han sido ilícitamente.
Por lo demás, como viene ocurriendo desde 2022, los legisladores excluyeron a su personal y al del Poder Judicial de las exigencias de la Ley de la Función Pública –hoy derogada por una nueva– y de la Ley de Racionalización del Gasto Público, de modo que los presupuestívoros bien podrán ser nombrados, promovidos o contratados sin tener que demostrar su aptitud, y hasta siendo pariente cercano de cualquiera de los integrantes de esos Poderes del Estado. He aquí la prueba cabal de la inmoralidad de los parlamentarios que, con el consentimiento del Poder Ejecutivo, deciden liberarse de las amarras legales en pro de sus secuaces y de sus familiares, sin importarles un bledo que estén o no en condiciones de prestar un buen servicio. En especial, les tiene sin cuidado que el art. 47 de la Constitución diga que “el Estado garantizará a todos los habitantes de la República (...) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad”, demostrada en un concurso de méritos y aptitudes.
Se habla mucho de la reforma del Estado, pero de poco valdrá que se sancionen leyes, como la reciente sobre la función pública y el servicio civil, si de hecho y de derecho se fomentan el clientelismo y el nepotismo, en beneficio propio y en el de los allegados. La tan traída y llevada racionalización del gasto público será una quimera mientras la “clase política” siga priorizando sus intereses bastardos a costa de una correcta administración del dinero público.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el mismo que elabora el proyecto del Presupuesto nacional y que se ocupa de formular y controlar el desempeño de dicho personal, absorbió la Secretaría de la Función Pública, una de cuyas atribuciones consiste en formular la política de recursos humanos del sector público presuntamente para un mejor servicio y una gestión eficaz y transparente. Se ignora el contenido de dicha política, en el improbable caso de que haya sido formulada. Si así se hizo y en el sentido apuntado, el Presupuesto nacional no lo refleja.
Es necesario mejorar sustancialmente los frutos del gasto público; para ello, es indispensable reducir el aparato estatal y tornarlo eficiente mediante la idoneidad, la honradez y la diligencia de sus integrantes, así como la adecuada asignación de los recursos. Parece ilusorio pretender tanto, pero alguna vez habrá que intentarlo para que los vividores instalados por sus padrinos en el Presupuesto nacional no sigan aprovechándose del dinero de los contribuyentes y atentando contra el bienestar general: se burlan de ellos, tanto desde el Palacio de López como desde el Legislativo, como si la paciencia de este pueblo fuera infinita. Para desengañarlos, habrá que fomentar la conciencia de que los fondos malversados o derrochados provienen del bolsillo de los ciudadanos e impiden la prestación de servicios públicos de buena calidad: vivir a costa del erario implica vivir a costa de cada uno de los ciudadanos.