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Se temía que el Hospital General de Coronel Oviedo, a ser inaugurado a fines de febrero, vierta sus aguas servidas en el río Tebicuarymí para contaminarlo aún más y, por ende, poner en grave riesgo la salud de los pobladores locales, así como la de los de Villarrica, que en consecuencia han tenido la plausible iniciativa de movilizarse en defensa propia. Resulta que, al decir del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, aún no han concluido las “adecuaciones necesarias” en la planta “modelo” de tratamiento que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) tiene en la capital del departamento de Caaguazú, allanada el año pasado por el Ministerio Público debido a una gran mortandad de peces. El fiscal interviniente dijo que se iba a analizar si la planta cumplía o no con las normas ambientales: resultó que la mortandad solo fue causada por “efectos climatológicos”.
Entre las adecuaciones referidas por Alliana figura el montaje de una cañería de casi diez kilómetros, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que demandará unos cuatro meses, de modo que la apertura del nosocomio tendría que esperar. En todo caso, ya no habrá vuelta atrás ni un impacto ambiental porque, según el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando de Barros Barreto, ¡el río ya está de todos modos poluido! Este indignante argumento –revelado por la edil ovetense Rosana Bogado (PLRA)– inhabilita al susodicho para continuar en el cargo: el cínico desprecio por la vida humana debe tener un costo, aunque más no sea político. En realidad, la grosera imprevisión –típica de nuestro aparato estatal– no es atribuible solo al actual Gobierno, sino también –y sobre todo– al anterior, ya que el hospital fue concebido, planificado, licitado y ejecutado en gran parte por el de Mario Abdo Benítez. Cabe consignar que el proyecto original contemplaba una planta propia de tratamiento de efluentes, pero más tarde cambió el discurso.
Ni al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) ni al del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), encabezados en 2021 por Julio Borba y César Ariel Oviedo, respectivamente, se les ocurrió que algo había que hacer con las futuras aguas residuales del nosocomio en cuestión, así que el año pasado acordaron con el MOPC construir para el efecto ¡una cañería de quince kilómetros hasta el río Tebicuarymí!, evidentemente para conducir residuos sin pasar previamente por una planta de tratamiento. Por de pronto, esta obra de emergencia ha sido paralizada gracias a la reacción ciudadana, pero no consta formalmente que las aguas residuales serán tratadas en la planta de la Essap. El presidente Santiago Peña quiere jactarse de haber inaugurado el Hospital General como si fuera un fruto de su gestión, esto es, como si la propaganda fuera más importante que la adopción oportuna de una medida indispensable para su buen funcionamiento.
Es presumible que si la gente no protestara, ciertas altas autoridades ya habrían incurrido en los hechos punibles de “ensuciamiento y alteración de las aguas” y de “procesamiento ilícito de desechos”, cuyas tentativas el Código Penal también castiga. Cuando el primer hecho se realiza vinculado con una actividad de la administración pública, la pena puede llegar hasta diez años de cárcel, de modo que más de un jerarca debería sentirse agradecido a quienes se alzaron contra el enorme despropósito. Es reprochable que los planes prosigan mientras sea imposible garantizar que la sanidad estará exenta de todo peligro, esto es, la cinta inaugural del gran nosocomio debe esperar y la Fiscalía Adjunta de Delitos Ambientales seguir de cerca el curso de los acontecimientos.
Siempre conviene ejercer el derecho constitucional a reclamar a las autoridades públicas medidas para defender, entre otras cosas, el ambiente, la integridad del hábitat y la salubridad pública. En todo el país, la ciudadanía tiene que reaccionar pacíficamente contra la arbitrariedad y la ineptitud estatales que atentan contra el bienestar individual o colectivo, pues de lo contrario seguirá siendo víctima de un aparato que hace cuanto se le antoja con el dinero público, sin importarle el bolsillo de los contribuyentes ni, para peor, la propia vida de los mismos.
Es muy probable que si las comunidades ovetense y villarriqueña se hubiesen mantenido calladas, el desatino delictivo se habría consumado como una gran obra gubernativa, en gravísimo perjuicio, por de pronto, de unos sesenta mil usuarios de la Essap, que les provee de agua del río Tebicuarymí. Lo ocurrido enseña que vale la pena protestar en voz alta contra los evidentes disparates cometidos en la función pública, por culpa no solo de la corrupción rampante, sino también de la arraigada estupidez, no menos nociva.
